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MADRID (EFE). El ex director general de Bancaja Aurelio Izquierdo se ha desvinculado hoy en la Audiencia Nacional de las operaciones con las que presuntamente se desviaron fondos del Banco de Valencia a sociedades del empresario Ramón Salvador, con las que se pudo ocasionar un perjuicio de 120 millones.

Izquierdo, actual director financiero de la Fundación Bancaja -aunque su patronato decidió despedirlo el 4 de febrero pero no se ha hecho efectivo-, ha alegado ante el juez Santiago Pedraz que él no tomaba las decisiones en la entidad y que dependían del expresidente de Bancaja Habitat José Cortina, imputado como él por apropiación indebida, según han informado hoy fuentes jurídicas presentes en su declaración.

Además, hoy ha sido interrogado el empresario alicantino propietario de Grupo Salvador, Ramón Salvador, que ha defendido que las operaciones investigadas eran compras de activos y no daciones en pago, como han venido sosteniendo los imputados de la entidad.

También ha justificado que fueron sus responsables los que le pusieron al frente de la sociedad H2O18 por sus conocimientos del sector.

Esta pieza nació a raíz de una de las querellas del Banco de Valencia contra su antigua cúpula, que ejerce como acusación representada por el abogado designado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Carlos Gómez-Jara.

Según su escrito, los imputados pudieron provocar "un perjuicio mínimo de 120 millones de euros" a la entidad gracias a diversas operaciones "de dudosa racionalidad económica" con el grupo inmobiliario de Ramón Salvador.

Dicho grupo tuvo un "trato inexplicablemente privilegiado" por parte del Banco de Valencia y de Bancaja mientras José Luis Olivas, también imputado, fue su presidente, fruto del cual obtuvo entre 2007 y 2012 un importe total de 631 millones, "sangría económica que sólo se paralizó" con la intervención por parte del Banco de España.

Así, relataba que el empresario recibió hasta 2009 202 millones de euros a través de la sociedad H2018, creada "exclusivamente para resolver los graves problemas de solvencia" del empresario, pues su única actividad mercantil fue llevar a cabo transacciones con sociedades del grupo inmobiliario.

La sociedad se convirtió, según la querella, en "un instrumento para proporcionar delictivamente financiación" al grupo de Salvador "simulándolo bajo la apariencia de compraventas de activos inmobiliarios que habían sido previamente sobrevalorados mediante tasaciones falsas".

En 2010 y 2011, además, H2018 continuó realizando nuevas operaciones de compras de activos a sociedades del grupo por un importe conjunto de 56,03 millones de euros, cuando el sector inmobiliario ya estaba "definitivamente paralizado", adquiriendo tres fincas a pesar de conocer el impacto económico desfavorable que habían tenido las operaciones anteriores.

Para la acusación, todo ello no podría haber sido posible sin la "tolerancia" de Olivas dada su condición de máximo responsable en ambas entidades, desde las que "controlaba y dominaba toda la operación en su conjunto y en cada uno de sus extremos".

Izquierdo, por su parte, fue el "máximo responsable de la operación", mientras que Cortina "le tenía al tanto y puntualmente informado de sus actuaciones".

Mientras, Domingo Parra fue "la persona que, en última instancia, aprobó y autorizó toda la operación de traspaso de fondos".

En esta causa, que instruye Pedraz como pieza separada de la principal sobre la gestión del Banco de Valencia, están imputados también la sociedad Residencial Mira Llevant y, como responsables civiles: Investia Corporate, Fincas Altabix 2000, Promociones Barmendi, Promociones Salpa-Milenium y Artunduaga Gestión Urbanística.