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VALENCIA (VP). La elección del Gobierno sobre qué municipio albergará, durante 60 años, el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado ha ocasionado un revuelo político y social en la Comunitat. Zarra, localidad valenciana colindante con la provincia de Albacete, tiene todas las probabilidades de convertirse en la elegida a pesar de la negativa de la Generalitat y del resto de partidos de la oposición.

Hace poco más de un mes, la ex vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que la decisión técnica sobre qué localidad acogería el cementerio nuclear estaba tomada: Zarra. Sin embargo, matizó que todavía no se podía dar por hecho ya que no había consenso político. "El debate continúa", afirmó el 17 de septiembre. A día de hoy la situación sigue igual, según afirmaron a Valenciaplaza.com fuentes del Ejecutivo, de la Generalitat y del Ayuntamiento de Zarra.

"Mientras el tema no se trate en el Consejo [de Ministros] no se aprobará, como es obvio. No hay ninguna fecha fijada para el que se incluya en su agenda", declararon desde el Ministerio de Industria.

RECOMPENSA DE 6 MILLONES DE EUROS

La batalla por conseguir el primer ATC de España de desató a principios de este año, cuando Zarra salió elegida como candidata. El Ayuntamiento de dicha localidad no protestó porque el cementerio supondría una reactivación de la actividad local, y de la economía. Según informó el Gobierno en febrero, quien acoja la infraestructura recibirá 2,4 millones de euros anuales del Estado, ya que Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) pagará 6 millones de euros al año que se repartirán en dos partes: un 40% para el municipio y un 60% para el resto de pueblos del entorno.

A pesar de los supuestos beneficios económicos, ni la Generalitat, ni los partidos de la oposición valencianos, ni la plataforma de ciudadanos de la zona creada a raíz de la noticia están dispuestos a que la Comunitat cuente en su territorio con la futura estructura que ocupará una superficie de 13 hectáreas. Este terreno pertenece al Grupo Llanera y Sedesa, la empresa del conseller de Medio Ambiente y opositor al ATC, Juan Cotino.

ALARTE: "ESTOY RADICALMENTE EN CONTRA"

La decisión del Gobierno ni siquiera sentó bien al secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, quien esta semana aseguró que, en caso de ser Zarra la localidad elegida, usaría todos los medios jurídicos para imposibilitar su construcción. Además, afirmó estar "radicalmente en contra" y se aventuró a criticar al ministro de Industria, Miguel Sebastián, al decir que se equivocaba y que tendría a los socialistas valencianos de frente de seguir con la decisión tomada. Asimismo, Les Corts aprobaron el 28 de septiembre y por unanimidad rechazar cualquier decisión del Gobierno, si éste no contaba con "la voluntad" de los valencianos.

Ayer fue un día duro para la Plataforma contra el almacén temporal. Según tenía entendido el centenar de personas que se desplazó hasta las puertas de la Moncloa para protestar y entregar unos informes contrarios a los del Gobierno, el Consejo de Ministros se iba a pronunciar, después de su reunión, e iba a dar la solución a este problema que se arrastra desde hace 10 meses. Sin embargo, ayer tampoco hubo noticias. La Plataforma interpretó el silencio como "una victoria a corto plazo".

Según declaró Sofía Costa, una de las portavoces de la asociación que ayer se encontraba en Madrid, decidieron presentarse en Madrid para entregar al Gobierno un contrainforme, realizado por ellos mismos, en el que se "demuestran los errores que ha habido" en el documento redactado por la Comisión Interministerial sobre el ATC.

PROTESTA EN LA MONCLOA

El texto la Plataforma de Zarra asegura que, aplicando los mismos criterios que la Comisión, ésta los utiliza de forma incorrecta y olvida algunos aspectos imprescindibles para su valoración. Por ejemplo, la asociación hace mención a que el Gobierno sobrevaloró en más de 100 puntos la opción de Zarra, lo que provocó que la localidad valenciana quedara en primera posición para albergar el cementerio.

"Seguimos esperando la respuesta, pero ya estamos trabajando varias denuncias que llevaremos a Europa" declaró Costa. "El Ministerio no es objetivo, y así no se puede", añadió. Por su parte, el representante de Greenpeace, Carlos Bravo, declaró que si el Consejo aprueba la ubicación sería "un error mayúsculo" ya que todo el proceso está plagado de "ilegalidades", y sus informes están "manipulados".

Así, en su opinión la elección de Zarra obedece a "cuestiones partidistas y políticas", ya que "no se puede entender" que se elija la localidad valenciana, cuando es la opción que más impacto medioambiental producirá y la que conlleva más sobrecoste económico.