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VALENCIA. El presupuesto de la Generalitat para 2015, tal y como era previsible, empieza a romperse por las costuras. Las cuentas que preparó el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, estbaan cuadradas a martillazos para cumplir con el déficit máximo autorizado del 0,7%. Pero ese encaje se conseguía gracias a unos ingresos inciertos. Uno de ellos eran los 210 millones de euros que el Consell esperaba que el Estado le pagase en compensación por 'boicotearle' su impuesto a los depósitos bancarios.

La Generalitat estableció en 2013 un impuesto a la banca -que existe en otras autonomías, aunque con situaciones dispares- con el que preveía ingresar 240 millones de euros al año. Era una medida que el conseller Moragues asumió sabiendo que en el Ministerio de Hacienda se estaba en contra. La reacción del ministro no se hizo esperar: creo un impuesto idéntico con base 0%, es decir, un impuesto que no recaudaba nada y que anulaba de hecho al resto de tasas autonómicas similares.

Aún así, Moragues siguió adelante con el suyo al ser anterior y basándose en sentencias del Supremo que validaban la capacidad de otras autonomías para aplicarlo ante la necesidad de recaudar más y cumplir el déficit. Pero el Gobierno, que luego subió el tipo al 0,003, ha conseguido el respaldo del Supremo. Tiene autoridad superior para fijar impuestos estatales y al tipo que considere. Eso anula de facto el resto de impuestos.

La decisión tiene un efecto muy importante en las cuentas de la Generalitat para este año. Moragues incluyó en los ingresos previstos no solo los 28 millones que recibirá del Estado por el impuesto a la banca de Montoro. También contó con que el Gobierno le compansaría la diferencia sobre la recaudación prevista con el tipo del impuesto valenciano, que era más elevado. Eran 210 millones que se han esfumado del presupuesto de ingresos, lo que supone un problema para Moragues.

"No queda más remedio que buscar ingresos alternativos para compensar esos 210 millones", reconocieron este viernes desde una conmocionada Conseleria de Hacienda. "La decisión de incluir la compensación del Estado por la menor recaudación del impuesto a la banca era razonable ya que se basaba en pronunciamientos judiciales que son contrarios a la nueva decisión del Supremo", explicaron.

Pero no son solo los 210 millones previstos para este año los que se han volatilizado. La anulación del impuesto tiene efectos sobre el pasado. Entre enero de 2014 y junio de ese año, cuando Montoro anunció que recurriría la tasa al Constitucional, lo que la paraliza, la Generalitat estuvo recaudando el impuesto.

TENDRÁ QUE DEVOLVER LO QUE RECAUDÓ ANTES DE SU IMPUGNACIÓN 

Los bancos presentaron las liquidaciones correspondientes a los dos primeros trimestres del año, por valor de alrededor de 100 millones de euros, según estimaciones de este periódico. Sin embargo, y ante la polémica que se había planteado, las entidades financieras en muchos casos optaron por presentar avales en lugar de depositar el dinero. Otras, sin embargo sí lo hiceron.

"Habrá que devolverlo... O buscar fórmulas compensatorias", reconocieron desde la Conselleria de Hacienda. Pero además, habrá que estudiar las cuentas de cierre del año de la Generalitat, porque, pagado o no, las liquidaciones presentadas se consideran derechos reconocidos y por tanto han contado como ingresos en el cierre del año. Eliminar de las cuentas el dinero a devolver o apuntado a cuenta puede suponer una décima más de déficit del previsto, el ya disparado 2,3%.

Respecto a 2015, y con solo dos meses de ejercicio, se podría decir que la Generalitat ya tiene un déficit no oficial del 0,21% sobre el PIB por la desaparición definitiva de los ingresos vinculados al impuesto a los depósitos bancarios. Si a ello se unen los más de 320 millones que el Consell al Fondo de Competitividad en concepto de adelanto y que no está previsto por el Gobierno, la desviación entre ingresos y gastos puede superar el 0,5%, cuando el objetivo para todo el año es del 0,7%.

Estos dos aspectos fueron el caballo de batalla de las críticas de la oposición en Les Corts al presupuesto. Calificaron los ingresos de falsos e incluso llevaron las cuentas a la Justicia para ver si era una ilegalidad. El TSJCV lo rechazó.

Moragues rebusca por todas partes los 210 millones que la sentencia del Supremo le acaba de birlar. Y tendrá que volver a ponerse en manos de Montoro para tratar de encontrarlos. 

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