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VALENCIA (EFE). El Ministerio Público, Iberdrola y la empresa de seguridad Casesa han interpuesto sendos recursos de apelación contra a la sentencia que condenó a 16 activistas de Greenpeace por el asalto a la Central Nuclear de Cofrentes realizado en el año 2011, según han informado fuentes judiciales.

La Fiscalía ha justificado su recurso en que, dados los hechos que la jueza del Juzgado de lo Penal número 11 de Valencia declara probados en su sentencia, "también concurren los delitos de desórdenes públicos y de lesiones".

Iberdrola, propietaria de la central nuclear, ha recurrido la resolución judicial, hecha pública el pasado mes de diciembre, al considerar que "se ha producido desorden público evidente", según las mismas fuentes.

Por su parte, la empresa de seguridad Casesa ha presentado recurso ante esta sentencia, en la que se absolvía a un fotoperiodista que cubría la protesta, "por las lesiones causadas" a su personal, y pide que sean estimadas como constitutivas de delito.

LA SENTENCIA

El juzgado de lo Penal número 11 de Valencia condenó en diciembre a seis meses de multa por un delito de daños a 16 activistas de Greenpeace por el asalto a la Central Nuclear de Cofrentes realizado en el año 2011. En la misma sentencia se absuelve de todos los cargos al fotoperiodista que cubrió la protesta, y que también se sentó en el banquillo en el juicio.

Del mismo modo, la resolución judicial absuelve a los procesados de los delitos de desórdenes públicos y lesiones. En el fallo judicial, se establece una multa de seis meses con cuota diaria de seis euros, lo que hace un total de 1.080 euros por cada uno de los procesados y 17.280 euros en total. Además, les condena a pagar 2.232 euros por la rotura de una valla de la central, y declara como responsable civil subsidiaria a Greenpeace España.

Durante el juicio, la acusación ejercida por Iberdrola solicitaba una indemnización de 357.371 euros en concepto de responsabilidad civil.

Respecto de los delitos de desórdenes públicos y lesiones que el Ministerio Público imputaba a los acusados, la magistrada concluyó que no hay elementos para sostenerlos, por lo que dictaminó su absolución.

En el juicio, Fiscalía solicitó dos años y ocho meses de cárcel para cada uno de los dieciséis activistas de Greenpeace y un fotoperiodista procesados, mientras que la defensa reclamó su libre absolución.

Ni Greenpeace ni ninguno de sus activistas han recurrido la sentencia, por lo que, según las fuentes, "asumen la comisión de un delito de daños".