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VALENCIA (EP) La Audiencia Provincial de Alicante tiene previsto juzgar entre el martes y el jueves de la próxima semana al exconcejal del Ayuntamiento de Alicante por el PP y medallista olímpico de vela Kiko Sánchez Luna por urdir presuntamente una trama empresarial para beneficiarse de un contrato público adjudicado por la Concejalía de Modernización, que él mismo dirigía durante la anterior legislatura.

La Fiscalía Anticorrupción solicita provisionalmente para el exedil una pena de cinco años y medio de prisión y 22 de inhabilitación para empleo y cargo público por delitos de malversación, prevaricación y falsedad de documento oficial, así como el pago de una multa de 10.320 euros, que es la cifra del perjuicio que el supuesto desfalco causó a las arcas municipales.

Junto a él se sentarán en el banquillo de los acusados su hermano Jacobo Ángel Sánchez Luna, un antiguo asesor en el Consistorio, Santiago Colomo, y tres empresarios. La acusación pública solicita para ellos condenas que van desde los seis meses a los cinco años y medio de cárcel.

Según el fiscal Anticorrupción Felipe Briones, los hermanos Sánchez Luna y otro de los procesados, Juan Carlos Eslava, idearon un plan para beneficiarse de un contrato público relacionado con el suministro y gestión de los telecentros (oficinas públicas con ordenadores para acceso gratuito a internet) de la Zona Norte de Alicante a través de la empresa de la que los tres eran socios, Uneo, Información y Sistema de Datos SL.

Esa firma no constaría oficialmente como contratista de la Concejalía de Modernización de Estructuras Municipales. El adjudicatario oficial del contrato, aprobado por la Junta de Gobierno Local el 17 de noviembre de 2008, fue Rótulos CTM, que regentaba un amigo de Eslava, el acusado Juan García Egea. Ambos pactaron repartirse al 50% el dinero pagado por el Consistorio para la colocación de cristalería y carteles en doce telecentros.

"En resumen, Rótulos CTM facturaría un total de 19.750 euros, sin IVA, de los cuales 12.000 corresponderían a esa empresa y los restantes 7.750 euros debían ser entregados a Uneo, de manera que 1.000 fueran destinados a comisiones y los otros 6.500 de beneficio, 2.000 euros de los cuales carecerían de objeto", relata el fiscal en su escrito de acusación.

El 23 de febrero de 2009, el entonces concejal aceptó el presupuesto presentado por Rótulos CTM por 17.250 euros sin IVA, un contrato menor de suministro que no requiere de concurso público y solo precisa de aprobación de gasto e incorporación de las facturas correspondientes. En esa fecha, Sánchez Luna seguía siendo oficialmente apoderado de Uneo, cargo que no se revocó hasta el mes de abril de ese año.

CINCO FACTURAS

En junio, la adjudicataria del contrato presentó a cobro al Ayuntamiento cinco facturas por los trabajos realizados por un importe total de 19.748 euros, 22.019 euros con el IVA incluido. Sin embargo, por esas fecha Juan García Egea tuvo que ser hospitalizado, por lo que se hizo cargo de Rótulos CTM su padre, José Antonio García Roza.

Este hombre, que era ajeno al pacto alcanzado entre su hijo y Uneo, se negó a abonar a Eslava la mitad de lo que había cobrado por el contrato de los telecentros y únicamente le ofreció el pago de 2.500 euros, que era "lo que entendía como pago al trabajo de imagen y diseño" que esa empresa había realizado.

Los acusados maniobraron entonces, siempre según el fiscal, para que Rótulos CTM no cobrara tres facturas pendientes. De hecho, a instancias de Kiko Sánchez Luna, la Intervención del Ayuntamiento devolvió a García Roza esas facturas con el pretexto de que no habían sido contratadas por la corporación.

Fue García Roza, quien había grabado una conversación con Eslava, el que acudió posteriormente a la Fiscalía para denunciar los hechos, aunque su testimonio y el audio aportado pudieran comportar en el futuro la imputación de su propio hijo.

Anticorrupción implica también en esta trama de supuesta corrupción a un asesor del entonces concejal, Santiago Colomo, y a Covadonga Marcos, directora de la mercantil Sinéresis, que se prestó supuestamente "a la argucia de fingir ser la instaladora de los telecentros Plaza de Argel y Juan XXIII para cobrar estos trabajos del Ayuntamiento y entregar luego lo percibido a Uneo".

Finalmente, las facturas pagadas aprobadas por Kiko Sánchez Luna ascendieron a 20.984 euros, cantidad que excedía el contrato inicial y, por consiguiente, el límite máximo de 18.000 euros que fija la ley para la tramitación de un contrato menor de suministro.