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MADRID (EFE). El exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas considera que la fianza civil solidaria de 800 millones que el juez Fernando Andreu le impuso junto a la propia entidad y a otros cuatro exconsejeros es "desproporcionada", por lo que le ha emplazado a retirarla o bien reducirla a 33 millones.

Olivas ha sido el primero en presentar un recurso contra la decisión que tomó el magistrado hace una semana, cuando le dio a él y a Rodrigo Rato, a su "mano derecha" José Manuel Fernández Norniella, al exconsejero delegado Francisco Verdú, a Bankia y a su matriz, BFA, un mes de plazo para abonarla.

El que fuera presidente de Bancaja y también expresident de la Generalitat recrimina al juez que hiciera una cuantificación de la cantidad a pagar "desproporcionada", cuando "en ningún caso podía rebasar" la cifra que solicitaron los perjudicados durante la vista celebrada el pasado 9 de febrero, que rondaba los 33 millones.

Por ello, pide que, de no revocar completamente su decisión, al menos rebaje la fianza a esa cifra.

El también expresidente del Banco de Valencia aprovecha su recurso para arremeter contra los dos peritos cedidos por el Banco de España que cuestionaron las cuentas con las que Bankia salió a bolsa en julio de 2011.

Según Olivas, la prueba de que estaba convencido de que esas cuentas reflejaban su imagen fiel es que invirtió en el debut bursátil 149.625 euros, y mantuvo dicha inversión hasta tiempo después de presentar su dimisión en noviembre de 2011, de manera que, aunque hizo "alguna venta" en diciembre de ese año, conservó el resto del paquete de acciones hasta 2012.

Además, resalta que, en todo caso, los estados contables, tanto los de BFA como los de Bankia, no son elaborados por los consejeros, sino por los técnicos "competentes" de la Intervención General, y tanto Deloitte como los inspectores del supervisor dejaron "constancia" de que no existió ninguna alerta sobre los mismos en el tiempo previo a la salida a bolsa.

En ella participaron "nuevos y prestigiosos asesores externos", se creó un grupo de trabajo dentro de la propia entidad y fue supervisado por la propia CNMV.

Lo contrario, prosigue, "implicaría desconfiar" de todo este "elenco" de profesionales y de la Administración, e incluso "dudar" de las estimaciones de crecimiento de la economía española en ese momento, tanto para 2011 como para 2012, que los peritos obviaron.

"Después de todo ese proceso, no es posible para un miembro del Consejo de Administración albergar duda alguna sobre que la información reflejaba la imagen fiel de la entidad", subraya.

Por otra parte, critica que los peritos concluyeran que las cuentas del Banco de Valencia, al que el Estado le tuvo que inyectar 4.500 millones de euros antes de subastarla, ya no expresaban la imagen fiel a cierre de 2010, a pesar de que durante años había declarado beneficios recurrentes y siguió haciéndolo hasta mediados de 2011.

En este sentido, lamenta el "sesgo retrospectivo" que dieron a su informe y explica que la entidad ya fue inspeccionada desde 2010 y tuvo incluso un informe favorable del Banco de España para que repartiera dividendos al año siguiente.

De hecho, la entonces ministra de Economía, Elena Salgado, emitió una orden el 7 de abril por la que, previo informe favorable del supervisor, se autorizaba al banco valenciano para disponer de la prima de emisión de acciones, a fin de complementar la participación del accionista en el beneficio neto del ejercicio de 2010 con un dividendo complementario.

Al margen del "caso Bankia", Olivas está acusado de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental cometidos en 2008 por el asesoramiento prestado por una empresa suya a una mercantil del empresario Vicente Cotino, por lo que la Fiscalía ya ha pedido para él tres años de cárcel.