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VALENCIA. Las 99 "propuestas reales" de la plataforma Sociedad Civil contra la Corrupción en España que este lunes se han presentado en la Universitat de Valencia no dejarán a nadie indiferente. Sus medidas regeneradoras suponen andanadas directas al actual sistema de funcionamiento de las administraciones públicas y a la aparente permisividad del sistema financiero internacional con los paraisos fiscales.

Son medidas extremadamente exigentes con la clase política, los sindicatos, los funcionarios, e incluso con la misma sociedad, a la que le pide que recupere su espíritu crítico y de exigencia máxima respecto a sus representantes públicos. Incluso hay medidas que suenan utópicas porque piden crear un registro mundial de evasores fiscales a través de un catastro financiero y una Corte Especial de Justicia Europea contra dicha fuga de capitales.

Valenciaplaza.com ha resumido las 99 propuestas lanzadas por el grupo de expertos formado por 28 profesionales de distintas materias. Los expertos han centrado sus medidas en la administración general y local, el sistema de partidos, el sistema financiero, las transacciones comerciales internacionales y distintos escenarios sensibles (como el urbanismo, la sanidad, la empresa y la Justicia). Éstas son algunas de las medidas más destacadas:

SISTEMA FINANCIERO

El bloque de propuestas centradas en el sistema financiero ha sido uno de los que más curiosidad ha despertado en el acto del Aula Magna. El catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de Valencia, Aurelio Martínez, ha actuado de portavoz (aunque no es el único autor de dicho apartado). Martínez ha concretado las "insoportables" cifras de corrupción que hay que combatir: entre un 1% y un 3,5% del PIB español (entre 10.400 millones y 40.000 millones de euros); un 2,5% del PIB europeo, y un 25% del PIB de África, por citra algunos ejemplos).

Pero para actuar contra la corrupción y contra los evasores hay que "luchar contra el corrupto y también contra el corruptor, el que mueve los hilos, el que presiona. Y en definitiva hay que hacerle pensar que le va a salir caro", ha dicho.

Por ello, en el texto solicitan aprobar una directiva europea que impida a las empresas que se hayan visto implicadas en casos de corrupción (de la UE y del resto del mndo) poder optar a ningún contrato público en ningún país europeo durante los próximos cinco años". Además, piden gravar a dichas empresas con una tasa especial del 5% sus ventas en la UE durante un tiempo.

Respecto a los evasores fiscales, Martínez ha señalado que hay solución: "No es tan complicado tener un catastro finaciero", ha explicado. Así, ha detallado que actualmente ya existen registros "con todas las emisiones, las obligaciones de los paises, las acciones de las empresas grandes que cotizan, etc. Pero habría que ponerlo en comun".

A su juicio, "ahora ya sabemos qué titulos de las empresas grandes están en manos de titulares extranjeros. E incluso podemos saber en qué pais están, pero no sabemos quién es la persona que tiene esos títulos, y que por ejemplo los tiene depositados en Suiza".

Por ello, el catedrático cree que si se hiciera ese catastro se podría seguir el rastro económico y sería más complicado evadir: "Sabríamos quién tiene esos títulos en paraísos fiscales; esos que después invierten en fondos de inversión que no tributan. Y se les podría imputar el impuesto de patrimonio o el impuesto de rendimientos", ha manifestado.

Y ha concluido que dicho registro sería facil crearlo "con voluntad", aunque ha reconocido que "probablemente las personas que tendrían que tomar este tipo de decisiones a lo mejor va contra sus propios intereses económicos".

ADMINISTRACIÓN GENERAL Y LOCAL

El texto con las 99 propuestas comienza centrado en la regeneración del funcionamiento de la administración general y local. En ese sentido, el documento señala que hay que impulsar la carrera funcionarial con la creación de un cuerpo especializado, con estándares de calidad y cantidad para los trabajos que realizan, con mínimos adecuados, objetivos y con un sistema sancionador claro. Además, incluyen entre las propuestas una limitación a los funcionarios con dedicación exclusiva de no poder realizar otro trabajo remunerado.

También se apoya la figura de los funcionarios de carrera frente a personas de designación política, inclusive hasta el cargo de director general.

Y se aboga por una aplicación estricta de medios de control a las administraciones públicas ("los interventores no pueden ser amigos de los políticos", han llegado a decir en la presentación). E incluso piden un cuerpo de inspectores que controle el cumplimiento.

Exigen transparencia de todas las administraciones, foros de consulta y participación ciudadana y un cuerpo de mediación-arbitraje; regular las subvenciones a organizaciones empresariales y sindicatos; exigencia de ejemplaridad a todo cargo público, y creación de un consejo ciudadano.

También creen necesario exigir representantes políticos preparados mínimamente en el funcionamiento de la administración, así como endurecer el sistema de responsabilidad (de políticos y funcionarios) respecto a su gestión.

SISTEMA DE PARTIDOS

Respecto a los partidos políticos piden listas abiertas, que rebajen el poder de las cúpulas de los partidos; acceso a cargo público con exigencia de trabajo remunerado (al que renuncia temporalmente); limitación de permanencia en cargo público de cuatro a ocho años (con certificado de situación económica antes de acceder al cargo y después); e incorporar responsabilidad civil y política en la gestión pública.

Sobre este último aspecto, los expertos aconsejan la suspensión de militancia política con la incoación de causas por corrupción; la separación de cargo público desde que exista una primera resolución judicial con imputación; o la separación definitiva del cargo desde el procesamiento o apertura de juicio oral. Preguntado por esta cuestión el magistrado Tomás y Tío ha comentado que "los ciudadanos no pueden creer en alguien que está sentado en el banquillo".

Respecto a la financiación de partidos el texto aboga por un modelo a través de recursos públicos (para preservar la igualdad de oportunidades) con un nivel máximo de ayudas. Y para la financiación privada solicitan no permitir donaciones de empresas con contratos vigentes con la administración y eliminar la posible condonación de la deuda.

También aluden a la necesidad de reducir y limitar los gastos electorales acortando las campañas o fomentando espacios gratuitos en los medios; limitar gastos ordinarios en los partidos y regular la presentación de las cuentas de las formaciones.

ESCENARIOS SENSIBLES

Respecto al urbanismo piden entre otros puntos desvincular la edificabilidad asignada por el planteamiento a la propiedad del suelo, estabilidad legislativa, coherencia en la ordenación, protección de espacios o edificios posibilitando uso compatible y sostenible y transparencia e implicación de la ciudadanía en la elaboración y aprobación del planeamiento.

En materia sanitaria abogan por una promoción del mérito profesional, mayor transparencia en los contratos y conciertos con el sector privado, facilitar acceso a datos de morbilidad y mortalidad de centros y hospitales, evaluar las innovaciones terapéuticas y diagnósticas, y protocolos de las decisiones clínicas basados en evidencias científicas.

A las empresas y asociaciones empresariales, así como en la contratación pública, piden políticas activas contra la corrupción (como un código ético, transparencia y medidas anticorrupción). En el segundo caso, solicitan prohibir contratar empresas o personas vinculadas en primer o segundo grado. Y piden crear la figura del controlador de proyectos y subvenciones.

Respecto a la Seguridad Social y la protección social, apuntan que hay que calificar las situaciones de necesidad a proteger (muy particularmente la situación económica, la enfermedad/minusvalía y la situación social). Y solicitan establecer políticas públicas de recuperación del ideal de cobertura de la Seguridad Social, al menos hasta niveles anteriores a los recortes. Piden prevenir las cotizaciones irregulares y eliminar el copago farmacéutico.

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