CASTELLÓN (EFE). El Juzgado de Instrucción 2 de Castellón ha dictado auto de Procedimiento Abreviado contra el exvicepresidente de la Diputación Francisco Martínez y el exdiputado y exalcalde de Borriol Adelino Santamaría por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas en el caso de la depuradora de Borriol.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en este caso están procesados también los hijos de Francisco Martínez, Andrea Martínez Tena y Francisco Martínez Tena; el empresario Raul Babiloni y los técnicos de la Diputación Luis García del Campillo e Ignacio Sangüesa.
El auto de procesamiento atiende así a la petición de la Fiscalía de investigar los presuntos delitos cometidos en la expropiación de los terrenos de la depuradora de Borriol, que eran propiedad de una empresa de Martínez y sus hijos.
El pasado mes de julio la Fiscalía de Castellón pidió la imputación Martínez, Santamaría y los otro cuatro procesados en el caso de la depuradora de Borriol.
El fiscal apuntaba que "los hechos relatados revisten, en principio y sin prejuicio de ulterior calificación, los caracteres de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude ilegal y negociaciones prohibidas".
El caso se había hecho público tras la denuncia del grupo Compromís en Borriol, el mismo día en el que iba a probarse en el pleno del municipio la expropiación de los terrenos para la depuradora, a un precio, "seis veces mayor al normal" y a una empresa, Franvaltur, que resultó ser propiedad de los hijos de Martínez y en la que éste también poseía parte del accionariado.
Esto provocó que el presidente de la Diputación, Javier Moliner, cesara a Martínez como vicepresidente de la Diputación. El ahora procesado abandonó, meses más tarde, su acta de diputado provincial, pero mantuvo la alcaldía de Vall d'Alba.
El caso de la depuradora provocó también la dimisión de Adelino Santamaría como diputado provincial, quien poco después dejó también su cargo como primer edil de Borriol alegando que lo hacía "por jubilación".
Además la Fiscalía ha abierto nuevas diligencias de investigación penal para investigar las empresas del exvicepresidente Francisco Martínez, y la vinculación de estas con la actividad urbanística en el municipio de Vall d'Alba.
El grupo Compromís pidió esta investigación y en el auto de imputación por las supuestas irregularidades en la depuradora de Borriol "ya instaba a que se investigase la gestión municipal y la relación de las empresas", según ha relatado el portavoz de Compromís en la Diputación, Enric Nomdedéu.
En las conclusiones provisionales del fiscal ya se señalaba que "en el curso de la investigación se ha revelado la vinculación de Francisco Martínez con tres empresas, Franvaltur, Gestintur y Prodever, cuyo objetivo social está relacionado con la construcción y promoción inmobiliaria, y que ostentan por aportación de sus socios numerosas titularidades en el término municipal de Vall d'Alba".
Por todo ello, sigue el decreto, "surge la evidente sospecha de que algunas de las propiedades de las sociedades puedan estar relacionadas con actuaciones urbanísticas de aquel Ayuntamiento".
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