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VALENCIA. El sistema bancario de la Comunitat Valenciana continúa con su particular proceso de desapalancamiento ocho años después de que se iniciase, tal y como lo delatan los últimos datos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) correspondientes al tercer trimestre del pasado año.
Así, a 30 de septiembre de 2014 eran 3.204 las oficinas de bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito repartidas por las tres provincias valencianas frente a las 5.061 sucursales del cierre de 2008. Ambos datos corresponden al menor y el mayor respectivamente de toda la serie histórica iniciada en 1991 del otrora brazo ejecutor de la política financiera del Consell.
Casi un 40% se ha reducido el número de oficinas en la Comunitat Valenciana en comparación con algo menos del 30% en el total del sistema bancario español, que ha pasado de contar con una red de 45.662 a reducirla hasta las 32.249, lo que también equivale a pasar del máximo al mínimo histórico, según los mismos datos recabados por ValenciaPlaza.com.
CASTELLÓN, LA SEGUNDA PROVINCIA MÁS AFECTADA
Castellón es la segunda provincia española más afectada por los cierres, por detrás de Orense. Valencia y Alicante ocupan la quinta y sexta posición en el ranking de reducción de sucursales en los más de ocho años que se extiende ya la crisis provocada por el estallido de la 'burbuja inmobiliaria'.
Sin embargo, lejos de visos de mejora el proceso de desbancarización va a continuar ante las presiones desde los supervisores bancarios europeos (EBA y BCE) para aumentar los ratios de capital y la forma elegida -salvo el Santander que puede reunir en menos de cuatro horas 7.500 millones de euros- es la de seguir con el cierre de sucursales -y con los despidos que ello conlleva- para recortar gastos.
"Vamos a seguir bajando la persiana de oficinas porque no tenemos otra forma para cumplir con los requisitos europeos e incluso del propio Banco de España", advierten desde una entidad financiera en pleno centro de la 'City' valenciana.
OJO AL ROE
"No somos el Santander y no tenemos su capacidad para completar una 'mega ampliación' de capital y la rentabilidad sobre recursos propios (ROE) tenemos que mejorarla sí o sí. Además, el que más y el que menos cree que el proceso de reestructuración bancario no ha terminado y en el sector cooperativista ni siquiera empezado", advierte.
Castellón es la provincia valenciana más afectada por el cierre de oficinas bancarias, al registrar un descenso del 40,2% y pasar de las 679 a las 406; a continuación se sitúa la capital autonómica con una bajada del 37,7% -desde 2.646 a 1.649-; mientras que Alicante, pese a su histórica relación con la extinta Caja Mediterráneo (CAM), ha perdido el 33,8% de las sucursales, puesto que despidió 2008 con 1.736 y el pasado 30 de septiembre tenía repartidas por su provincia 1.149.
A pocos se les escapa que detrás de este proceso contínuo de desbancarización está el desmoronamiento de la plaza financiera bancaria con las desapariciones de Bancaja, CAM, Banco de Valencia y Ruralcaja, incluyendo los 'daños colaterales' de las integraciones en Bankia, Banco Sabadell, CaixaBank y Cajamar. Pero también hay que tener en cuenta los procesos de absorción de otras entidades implantadas en la Comunitat Valenciana como Caixa Catalunya -en manos del BBVA- y Barclays -en las de CaixaBank-.
"AÚN HAY MARGEN PARA REDUCIR LA RED"
Sin ir más lejos ahí esta el caso del Banco Sabadell, cuyo 'número dos' Jaume Guardiola adelantó la semana pasada en la presentación de los resultados del pasado año que la entidad vallesana prevé cerrar "un centenar" de oficinas durante 2015 para adecuar su red.
El número de sucursales bancarias de la Comunitat representaba a 30 de septiembre pasado menos del 10% sobre el conjunto nacional, concretamente el 9,94% frente al 11,08% del cierre de 2008. "Entonces era normal ver en una misma calle varias sucursales de entidades diferentes y, en muchos casos, al calor de una promoción inmobiliaria que cubría los gastos de la oficina", apuntan las mismas fuentes consultadas por este diario.
El catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València Joaquín Maudos asegura que esta reducción es lógica.
EXCESOS DEL PASADO
"Tras los excesos del pasado cuando la red y el empleo creció en demasía al abrigo de la burbuja inmobiliaria ha sido necesario realizar un drástico ajuste de capacidad en España (30% en oficinas y 25% en empleo aproximadamente)", relata Maudos.
Asimismo, apunta que el ajuste ha sido superior en las áreas donde tenían mas presencia las cajas "rescatadas", ya que el MoU (Memorando de Entendimiento firmado entre España y la Unión Europea para el rescate bancario) les ha impuesto drásticos recortes.
"Es el caso de la Comunitat Valenciana donde la presencia de entidades rescatadas ha sido muy grande con Bankia, CAM y Banco de Valencia. Aunque el gran ajuste ya se ha hecho, es fundamental seguir reduciendo costes en un contexto de márgenes muy reducidos. A ello se ha añadió la consolidación de las cajas rurales, que también puede contribuir a ajustar capacidad. Por tanto, hay margen de maniobra para que la red siga cayendo", asegura el catedrático.
EL PROBLEMA DE LA EXCLUSIÓN FINANCIERA
La reducción de oficinas, especialmente en zonas de poca población puede generar un problema de exclusión financiera.
Así lo considera el profesor de la Universitat Jaume I de Castellón Manuel Illueca, advirtiendo que "el repliegue de las entidades financieras afecta a las oficinas menos rentables lo que puede desembocar en una desbancarización de determinadas partes del territorio", explica Illueca.
A su juicio, las consecuencias de este proceso afectarían tanto a los particulares como a las empresas.
"SIN PROXIMIDAD, LAS OPERACIONES SE COMPLICAN"
En el caso de las empresas, Illueca señala que las pequeñas compañías son las que se verán más afectadas. "Las pymes que no pueden generar una información estandarizada sobre su negocio dependen en muchos casos de la cercanía y el conocimiento de los responsables de las sucursales para negociar líneas de descuento o pequeños créditos".
Para Illueca, "sin esa proximidad, las operaciones se complican". Sobre los particulares, el fenómeno de la exclusión financiera se concentrará en las clases con menor poder adquisitivo y en la población con menos vinculación con la tecnología. "Ya no se trata solo de poder mantener una cuenta corriente. Los pequeños créditos al consumo o el acceso a productos financieros sencillos, como depósitos remunerados o seguros, se verá muy limitada para una parte de la población que no disponga de un acceso a oficinas físicas de banca", añade.
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