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VALENCIA. El grupo Ribera Salud medita su futuro. El modelo Alzira, basado en la gestión sanitaria público-privada, se enfrenta a ciertas complicaciones que han crecido en los últimos meses especialmente donde se inició todo, en la Comunitat Valenciana. A la incertidumbre que arroja la cita electoral del próximo mes de mayo, donde el PPCV puede perder la Generalitat, hay que añadirle las tensiones internas con los trabajadores del departamento de La Ribera.

Unas discrepancias que se han puesto de manifiesto esta semana con un cruce de comunicados entre el comité de empresa y la gerencia. Los representantes de los trabajadores emitían un escrito el miércoles del que informó el diario El Mundo en el que denunciaban "la plantilla insuficiente" y la "sobrecarga de trabajo" que ponía "en riesgo la salud" de los empleados. Además, el comunicado acusaba a la dirección de "arbitrariedad" y "falta de transparencia en materia de contratación", así como el incumplimiento por parte de la empresa concesionaria de los convenios colectivos y de los acuerdos alcanzados con los sindicatos. Otro de los puntos que recalcaba el comité de empresa en el documento se refería a la preferencia de la "maximización del beneficio económico en detrimento de los derechos de los trabajadores", una situación que, a su juicio, podía comprometer la "calidad asistencial". 

Tras estos argumentos, el comité de empresa, que recalcaba haberse reunido con todos los partidos políticos que actualmente cuentan con representación en Les Corts Valencianes, manifestaba su posición "a favor" de la "gestión directa" (pública) con el objetivo de "garatinzar mejor los derechos de los trabajadores con una mayor seguridad laboral y social". 

Este miércoles llegaba la respuesta por vía interna desde la dirección del departamento de salud de La Ribera, que manifestó su "total disconformidad y rechazo con la totalidad de su contenido". En este sentido, desde la gerencia recalcaban su convencimiento de que la postura del comité de empresa "no es compartida por la inmensa mayoría de los trabajadores del departamento ni representa la opinión de la plantilla", sino de una "parte" del comité, en concreto de los "representantes sindicales de CSI·F, CCOO, UGT, Simap, y Usae". 

En el comunicado remitido desde gerencia, se destaca la inversión realizada en el departamento de 131 millones desde el inicio de la concesión en 1999. "Un dato de inversión muy superior al del resto de departamentos de la Comunitat y todo ello con un ahorro para la Administración del 25% anual sobre los hospitales de gestión directa". La dirección del departamento se apoya en las "encuestas de clima laboral" realizadas que indican "un grado de satisfacción laboral elevado entre nuestros profesionales", además de recordar el incremento de la masa salarial de los trabajadores "en los años de crisis"; en concreto, subrayan un 4,07%  en 2013 y un 3,75% en 2014. En esta línea, la gerencia del departamento esgrimió "la satisfacción de los pacientes" que se sitúa, en estos momentos, "en porcentajes superiores al 90%".

Un argumentario que concluye lamentando que "algunos representantes sindicales se desvíen de su legítimo cometido de defensa de los trabajadores y fomenten debates políticos que consideramos no favorecen a la organización y a sus profesionales". 

EL ESCASO RECORRIDO DEL MODELO EN ESPAÑA

Lo cierto es que la crisis en el área de salud de la Ribera, la primera que se puso en marcha por parte de la Generalitat y, por tanto, la primera cuyo contrato vencerá, tiene mucho que ver con la viabilidad del modelo en España. La Generalitat fue la gran impulsora del modelo pero ya hace años que no ha sacado a licitación ninguna zona existente o haya abierto un proceso para construir un hospital de nueva planta por este sistema de colaboración público privada.

Madrid, que fue la única autonomía que siguió los pasos del modelo Alzira, vio como los tribunales tumbaban el concurso al que Ribera Salud había acudido (y ganado uno de los lotes). La parálisis en Valencia, el tropiezo de Madrid y las perspectivas electorales de cara a las próximas elecciones -donde los partidos de izquierdas, contrarios al modelo, pueden tener mayorías en las comunidades autónomas- es lo que ha llevado a Ribera Salud a asumir que el recorrido del modelo en España es corto, al menos ahora.

La empresa, al frente de la cual sigue Alberto de Rosa, especialmente desde la llegada de su socio estadounidense Centene, ha puesto el foco en Latinoamérica donde cree que sí hay opciones para desarrollar el modelo de colaboración público-privada en la gestión sanitaria. Porque esa es la única línea de negocio que quiere explorar Ribera Salud, que descarta levantar, por ejemplo, hospitales privados.

De todos los países latinoamericanos que la empresa estudia es Perú el que tiene más posibilidades de ser el punto de partida para su expansión internacional. La compañía se ha fijado un plazo de entre este año y el próximo para desarrollar algún proyecto relevante en este país, donde ya tiene dos participaciones minoritarias en empresas sanitarias con un socio americano.

Respecto a las concesiones en la Comunitat Valenciana, las fuentes de la compañía sanitaria han asegurado que de momento no se plantean abrir negociaciones ni para prorrogarlas o recortarlas. La primera en vencer es La Ribera, en 2018. Aunque algunos partidos de izquierda han anunciado su intención de rescindir las condiciones anticipadamente, la concesionaria considera que eso no ocurrirá pero tampoco ve muy claro un horizonte en el que se renueven una vez concluya el plazo dado el rechazo que genera el modelo en determinados sectores políticos.