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MADRID (EP). Los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) suspendieron las dietas cobradas por varios miembros de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) tras su intervención porque "no tenía sentido mantenerlas", según han declarado este miércoles en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra los exdirectivos de la caja Roberto López Abad y Juan Ramón Avilés.

Benicio Herrán y Tomás González, que han declarado como testigos, han asegurado ante el tribunal, presidido por la juez Teresa Palacios, que se inclinaron por suprimir la existencia de la Comisión de Control de la Tenedora de Inversiones y Participaciones, sociedad participada por CAM, cuyos componentes cobraban estas remuneraciones, porque no era lógico que continuara existiendo, ya que dependía de los órganos de control de una caja que estaba intervenida.

Ambos se han mostrado "sorprendidos" por la cuantía de las retribuciones que se ingresaba a 19 integrantes de la CAM que también percibían dietas de asistencia por pertenecer a la Comisión de Control de la propia caja. La Fiscalía Anticorrupción acusa al exdirector general López Abad de crear el ente con la intención de inflar las remuneraciones, que llegaron a alcanzar el millón y medio de euros.

"Las cantidades eran varias veces más que las cobradas en la comisión central", ha precisado uno de ellos. No obstante, los administradores han declinado valorar si la comisión de TI era o no necesaria, al carecer de elementos para opinar sobre ello.

"ALGO SE HIZO MAL"

Los dos testigos han explicado ante la Sala la situación de la caja, de la que se hicieron cargo a partir de junio de 2011 que fue posteriormente adquirida por el Banco Sabadell por un euro. "La entidad estaba en pérdidas y al final hubo que venderla. Algo se debió hacer mal con anterioridad a nuestra llegada", ha indicado uno de ellos.

González se ha referido, además, a la concesión a Avilés, entonces presidente de la Comisión de Control, de créditos por importe superior a los 18 millones de euros, que Anticorrupción considera también irregulares.

El administrador ha concretado que, a su llegada, los préstamos estaban al día salvo en una de las operaciones, en situación de morosidad por el pago de intereses. "Faltaban documentos y otras muchas cosas como tasaciones o datos de la situación patrimonial", ha dicho, mientras ha insistido en que "todo era de palabra" y en que nunca llegaron a recibir una propuesta escrita de Avilés de reestructuración de su deuda, que se encontraba a punto de entrar en una situación problemática ante la falta de venta de las viviendas y locales de la promoción La Vereda de Sucina.

"Me generó extrañeza", ha agregado el testigo, que ha puesto de manifiesto que daba la sensación de que "todo" lo hacía la CAM sin solicitud de los administradores del grupo Avilés.