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Alicante, 27 ene (EFE). La Abogacía del Estado ha presentado un escrito de alegaciones en el que pide a la Audiencia Provincial la nulidad de las intervenciones telefónicas policiales que dieron origen a la rama del caso Brugal sobre las supuestas ilegalidades en el plan urbanístico de Rabasa.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el escrito de la Abogacía del Estado, que representa a los exaltos cargos de la anterior administración socialista Emilio Peiró y Francisco Javier Criado, se produce como alegación a los recursos presentados por las defensas.

A su vez, estos recursos de las partes se efectuaron contra el auto del 12 de noviembre de 2014 del juzgado de Instrucción número 6 de Alicante que mantenía la legalidad de las escuchas telefónicas y que apuntaba que el momento procesal oportuno para la discusión de este asunto era la apertura del juicio oral, en las cuestiones previas.

El escrito de la Abogacía del Estado insiste en su petición, ya realizada en un momento procesal anterior, de sobreseer la causa para los dos exaltos cargos del Ministerio por cuestiones de fondo, aunque suma ahora la circunstancia de anular las escuchas.

Estos dos funcionarios, imputados, aún no han sido llamados a declarar por el titular del juzgado de Instrucción número 6 de Alicante, en una ronda de interrogatorios que se reanuda el próximo jueves con el gerente municipal de Urbanismo, Enrique Sanus, y la funcionaria Isabel Campos.

Ambos han sido citados un día antes que el constructor supuestamente beneficiado en esta y en otra rama del Brugal (la relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)), Enrique Ortiz, quien será interrogado el próximo día 30.

En esta ronda de declaraciones ya acudió a los juzgados la exalcaldesa y exconcejal de Urbanismo de Alicante Sonia Castedo.