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VALENCIA. La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) deliberará este martes sobre la competencia para investigar la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el expresidente de la Generalitat Francico Camps, la exconsellera de Turisme Lola Johnson el expiloto Jorge Martínez 'Aspar' por la gestión de la Fórmula 1.

Aunque según fuentes jurídicas se da por hecho que el TSJCV admitirá la querella y se declarará competente para investigarla ya que unos de los querellados, Francisco Camps, es aforado, la decisión de la cúpula de gobierno de los jueces valencianos es hasta cierto punto absurda.

Si bien el PP, a través de la consellera Portavoz, María José Catalá, ha asegurado que Camps seguirá en su escaño pese a estar imputado, lo cierto es que el aforamiento del expresidente de la Generaltat, ese que obliga a que los casos los juzgue el TSJCV, se acabará muy pronto: dos meses.

La celebración de las elecciones autonómicas el próximo 24 de mayo obliga al presidente de la Generalitat a dictar un decreto de disolución del parlamento valenciano entre 54 y 60 días antes de las elecciones. Ese será la última semana de marzo.

Cuando se publica ese decreto de disolución, todos los diputados dejan de serlo, con excepción de los integrantes de la Diputación Permanente, que sigue en su puesto hasta que toman posesión los nuevos diputados. Camps no es uno de los miembros de ese órgano, por tanto, a finales de marzo perderá su condición de diputado y, por tanto, de aforado.

Eso supondrá que el TSJCV, que seguramente esté, en el mejor de los casos, empezando a instruir la querella de la F1, tendrá que dejar el caso y trasladarlo a la Audiencia Provincial para que un juzgado ordinario haga la investigación. Por tanto, la decisión que este martes tome el TSJCV de asumir la instrucción se antoja poco práctica pero inevitable jurídicamente.