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VALENCIA (EP). La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) deliberará el próximo martes sobre la compatencia para investigar la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el expresidente de la Generalitat Francico Camps, la exconsellera de Turisme Lola Johnson el expiloto Jorge Martínez 'Aspar' por la gestión de la Fórmula 1 y la compra de Valmor Sports por parte del Consell en diciembre de 2011 para que el Gran Premio de Europa se pudiera seguir celebrando en Valencia.

Así consta en una providencia de la sala, de fecha de este pasado miércoles y facilitada por el TSJCV, contra la que cabe recurso de súplica en el plazo de tres días. La resolución se dicta después del informe presentado hace una semana por el ministerio fiscal, unido a las actuaciones, y en el que Fiscalía consideró que el órgano competente para conocer de su querella era la sala de lo Civil y Penal del alto tribunal valenciano al considerar que de los hechos expuestos en su escrito se desprenden "sólidos", "claros" y "evidentes" indicios delictivos en la actuación de Camps, que es diputado del PP en las Corts y, por tanto aforado.

En el informe, el fiscal alegaba "se desprenden indicios concretos de la posible existencia de hechos delictivos que pueden imputarse al aforado, ya que se cumplen los requisitos fácticos y normativos de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos".

Para el delegado en Valencia de la Fiscalía Anticorrupción, Vicente Torres, estos delitos derivan del hecho de haber negociado Camps "directamente" con el patrón de la F-1, Bernie Ecclestone, los contratos para la celebración del GP en el circuito urbano de Valencia; que fue quien ordenó que la Generalitat se constituyera como avalista de Valmor sin seguir el procedimiento administrativo fijado en al Ley de Hacienda de la Generalitat y la Ley de Presupuestos de 2011 y fue quien ordenó a Johnson, pese a que la exconsellera no tenía competencia para ello, que firmara el contrato de 19 de julio de 2011 por el que el Gobierno autonómico prestaba el aval a la empresa.

LA INICIATIVA PARTIÓ DE CAMPS

Así, incidía en que la iniciativa para celebrar el GP partió de Camps y citaba incluso las declaraciones del propio Ecclestone, quien afirmó que la idea del GP la "sugirió" el expresidente; que fue quien le trasladó que debía contratar con Valmor en 2007, pese a que carecía de infraestructura, personal, material y economía y que no pagó "ni un euro" al Circuito del Motor "ni siquiera se le exigió el pago", en perjuicio de los fondos públicos.

Asimismo, consideraba que Camps fue también quien asumió el papel protagonista en el contrato entre esta firma y la Sociedad Proyectos Parques Temáticos (SPTCV), quien el 31 de julio de 2009 asumió la única obligación de pagar el canon anual de 26 millones de dólares "sin asumir ningún derecho".

El fiscal constaba que, de acuerdo con la Intervención General del Estado, este contrato tendría nulidad por no existir una "verdadera reciprocidad de prestaciones". De esta forma, fue la Generalitat "la que pagó el canon anual de 2009, 2010 y 2011, liberando a los socios de Valmor Sports de esta obligación por decisión personal de Francisco Camps".

Por último, en el contrato de 19 de julio de 2011, la Generalitat pasó a ocupar el papel lugar de avalista que tenía Bancaja, tras la negociación "directa" de Ecclestone con Camps, quien ordenó la firma "de manera urgente", con lo que incumplió "de manera flagrante" toda la normativa en materia de avales. Señala el fiscal: "la urgencia vino dada porque Francisco Camps dimitió al día siguiente y supuso además que persona no determinada en ese momento, en atención a esa urgencia, tuviera que falsificar la firma del director de la SPTCV en ese momento, Nicolás Figueras", que estaba en viaje de novios.

La orden de hacerlo es "obvio" que partía de Camps y la que firmó fue la entonces consellera de Turisme, Lola Johnson, quien "carecía de competencia" para hacerlo al contravenir la Ley de Hacienda Pública y la normativa en materia de avales. Para el fiscal, se saltó "de manera grosera" el ordenamiento jurídico.