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SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID) (EFE). El exdirector de la Comisión de Control de CAM Juan Ramón Avilés ha afirmado este jueves que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional junto al ex director general Roberto López Abad para demostrar su "inocencia" sobre el cobro irregular de préstamos y dietas del que se le acusa.

Avilés ha hecho estas manifestaciones a los periodistas al término de la primera sesión de la vista, durante la que se han debatido las cuestiones previas planteadas por los abogados de los acusados y de los otros 18 miembros de la Comisión de Control de la participada por CAM Tenedora de Inversiones (TI), que figuran como partícipes a título lucrativo.

"Ya lo he dicho por activa y por pasiva, y aquí estoy demostrando mi inocencia; no lo afirmo yo, lo afirman los propios escritos" que constan en la causa, ha resaltado el exdirectivo.

Además, Avilés ha asegurado que el próximo lunes, cuando está previsto se reanude el juicio con los interrogatorios a los dos acusados, responderá "a todas y cada una" de las preguntas que le formule "todo el mundo".

Previamente, la sección cuarta de la sala de lo penal ha rechazado todas las cuestiones previas planteadas por las defensas de los dos exdirectivos, que han cuestionado especialmente la legitimidad de la Fundación CAM y del Fondo de Garantía de Depósitos, representados ambos por el letrado Carlos Gómez-Jara para ejercer la acusación particular.

Los abogados de López Abad y Avilés, Jaime Bosch y Ginés Avilés -este también considerado partícipe a título lucrativo- habían expuesto que esta personación vulnera su derecho fundamental a un proceso con garantías y a la tutela judicial efectiva.

En este punto, los magistrados han expresado sus dudas respecto a la Fundación pero no sobre el FGD, aunque ha decidido mantenerla y pronunciarse en la sentencia sobre si fue perjudicada y si debe por ello ser compensada por los cobros irregulares de dietas.

La Comisión de Control de TI "fue un mero y burdo instrumento ideado" por López Abad para permitir que los miembros de la caja "cobraran unos emolumentos muy superiores a los que tenían derecho" y "sin realizar ningún trabajo adicional para la entidad" que las justificara, según Anticorrupción,.

Dichos emolumentos ascendieron a entre 9.566 y 308.000 euros que se embolsó el propio Avilés, cuando le correspondían solo 15.000.

Por ello, solicita que los acusados y los miembros de la Comisión de Control de TI indemnicen al Banco Sabadell -que se adjudicó la CAM-, con casi 1,5 millones de euros de forma solidaria.

De manera simultánea, Avilés era también propietario y gestor efectivo, a través de varios familiares y sociedades interpuestas, de "La Vereda de Sucina", que recibió 16,6 millones en préstamos de la CAM, si bien por aplicación de la normativa sobre cajas de ahorro debería haber abandonado sus puestos en la entidad.

La Fundación considera por ello que, además de la pena de cárcel, Avilés debe pagar una indemnización de 4,9 millones por el "quebranto" derivado de los préstamos que le concedió la entidad, aunque cree que el dinero debe ir a parar al FGD, ya que este organismo le inyectó 5.249 millones antes de la venta de CAM al Sabadell.

En la sesión de este jueves, el tribunal tampoco ha aceptado "la contaminación" del inspector del Banco de España que elaboró una de las periciales del procedimiento y ha subrayado su competencia para juzgar estos hechos, que también habían puesto en tela de juicio los letrados.

López Abad se enfrenta a unas solicitudes de pena de cuatro años por parte de la Fiscalía, de seis por la acusación ejercida por CAM a través del FROB, el fondo de rescate que la subastó por un euro, y de catorce por parte de la Plataforma de Afectados, mientras que en el caso de Avilés pasan por dos años y medio, diez y dieciséis y medio, respectivamente.