Junto a esto, la nueva propuesta normativa establece un mecanismo para evitar las importaciones desleales de biocarburantes en el que se pone en valor el esfuerzo inversor realizado en España en la construcción de 46 plantas de biodiésel, cuya capacidad total instalada supera los 4,2 millones de toneladas al año.
Sobre los objetivos de biocombustibles, la normativa comunitaria establece que los Estados miembros deben velar por que la cuota de energía procedente de fuentes renovables en todos los tipos de transporte en 2020 equivalga como mínimo al 10% de su consumo final de energía en el transporte.
El proyecto de real decreto remitido a la CNE tiene como finalidad establecer los objetivos obligatorios mínimos de consumo de biocarburantes, tanto globales como por producto, para el período 2011-2013. Industria dice que "ha primado el principio de prudencia" en la fijación de estos objetivos.
Además, la norma habilita al Ministerio de Industria para modificar la fecha máxima para que se comercialice la gasolina de protección, la sin plomo 95, y el porcentaje de estaciones de servicio que deben comercializarla. En septiembre se había fijado el 31 de diciembre de 2013 como fecha máxima.
SIN PENALIZACIÓN EN 2010
En la normativa remitida al regulador energético figura una disposición adicional donde se asigna, transitoriamente, un valor cero a la penalización por el incumplimiento del objetivo de consumo de biocarburantes de 2010 (fijado en el 5,83%) a partir del 4,78%.
Esta falta de penalización se debe a que el retraso de la publicación de la norma que establecía las especificaciones técnicas para el uso de biocombustibles en la automoción dificulta alcanzar plenamente el objetivo.
En cuanto al sistema para evitar las importaciones desleales, el nuevo sistema, similar al existente en otros países europeos, establece el reparto de unas cantidades de producción por planta que contabilizan para la consecución de los objetivos nacionales.
Todo el biocombustible que entre en España fuera de este sistema de cantidades no valdrá para que los operadores cumplan las metas oficiales, lo que, por tanto, desincentivará la importación desleal.
Además, las cuotas, que superarán ampliamente la demanda, serán intransferibles para evitar la especulación. El sistema estará vigente durante dos años, prorrogable a otros dos más.
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