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MADRID (EFE). La diputada socialista Carmen Montón ha asegurado hoy que el PSOE "va a agotar todas las vías en la defensa de una vida digna para las personas con dependencia" y ha anunciado que, "si es necesario", llegará al Tribunal Constitucional.

Montón hacía este anuncio en el Pleno del Congreso, en el que ha preguntado al ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, si va a evitar que el establecimiento de un "copago confiscatorio" impida a las personas que lo necesitan acceder a las prestaciones de la Ley de Dependencia, como está sucediendo en la Comunidad Valenciana.

La diputada se refería a una enmienda a la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2015 que introduce el copago para mayores y dependientes a través de una tasa "para prestación de servicios de atención social".

Alonso ha considerado que la Ley de Dependencia "se está cumpliendo razonablemente" y ha explicado que debe terminar su implantación definitiva a lo largo de este año "y eso es lo que se va a producir".

Así, ha recordado que el 1 de julio se incorporarán los dependientes de grado 1 (moderados), que suponen aproximadamente 315.000 personas, con lo que se habrá terminado el despliegue en los plazos previstos por la ley.

A su juicio, ese será también el momento de hacer una evaluación sobre su funcionamiento en todos los aspectos, incluido el modelo de financiación, que prevé una aportación de los usuarios, con la garantía de que nadie quedará al margen de las prestaciones por razones económicas.

La diputada ha acusado al PP de "desmantelar" el sistema de dependencia, "pero en la Comunidad Valenciana se ha cebado", ha dicho, para preguntar posteriormente al ministro si "va a ser cómplice del quebrantamiento de la vida de las personas con dependencia".

Montón ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se ha saltado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para "colar" el mismo copago en la ley de acompañamiento a los presupuestos, lo que, a su juicio, va a abocar a la población a la pobreza y a la exclusión social "todavía más".

El ministro ha explicado que la Generalitat lo que ha hecho ha sido regular "correctamente" la tasa anulada.