Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Economía incumple con Unión Gremial el criterio que aplicó para excluir a Anged del Observatorio
• El 'problema valenciano' se cuela en Madrid
• A quién le sube y a quién le baja los impuestos Joan Ribó

VALENCIA (VP). Este lunes han comenzado los estudios que permitirán determinar el grado y tipo de contaminación de los terrenos donde se ejecutará la pirmera fase de las obras de urbanización del Parque Central, en la zona Russafa-Malilla. La empresa Emgrisa, adjudicataria del contrato, ha iniciado los primeros sondeos en el espacio que ocupan las naves de Demetrio Ribes.

El Real Decreto 9/2005 establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de los suelos contaminados. Los residuos más frecuentes en terrenos donde se han desarrollado actividades relacionadas con el ferrocarril y la automoción suelen ser aceites y carburantes.

Los trabajos consisten en tomar muestras del terreno y analizarlas en laboratorio. Con el resultado de las pruebas de laboratorio se elaborará un informe de Valoración de Riesgos Ambientales por parcela. Dicho informe determinará si es necesario o no efectuar algún tratamiento del terreno para su descontaminación. Si lo fuera, Emgrisa presentará las alternativas de tratamiento de cada caso y la Sociedad contratará los servicios de descontaminación que pueden realizarse durante la ejecución de las obras de urbanización.

Según la normativa urbanística valenciana, los costes de estudios, proyectos y obras de descontaminación del suelo corresponden al propietario de los terrenos. La Sociedad los financia para poder agilizar y garantizar este trámite que exige la ley en terrenos afectados por determinados usos como, en este caso, el ferroviario.

Los servicios de "Caracterización exploratoria básica de la calidad ambiental y valoración de riesgos ambientales del subsuelo del Parque Central de Valencia Zona Russafa" cuentan con un presupuesto de 52.806,61 euros y un plazo de ejecución de doce meses.