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MADRID (EFE). La Audiencia Nacional comenzará a juzgar este jueves al exdirector general de CAM Roberto López Abad y al exdirectivo Juan Ramón Avilés por el cobro irregular de dietas y la concesión de 17 millones en préstamos a este último, por los que la Fiscalía reclama 4 y 2 años y medio de prisión, respectivamente.

La vista, que arrancará a partir de las 10:00 horas ante la sección cuarta de la sala de lo penal, será la primera que se celebrará contra la cúpula de la extinta entidad alicantina, a la que investiga el juez Javier Gómez Bermúdez en diversas piezas separadas del caso.

Se trata además del segundo juicio contra los gestores de las antiguas cajas que celebra la Audiencia Nacional, después de que en mayo condenara a cuatro exdirectivos de Caixa Penedès -Ricard Pagès, Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Caellas- a entre uno y dos años de prisión por engordar sus pensiones de forma irregular.

El juicio a López Abad y Avilés arrancará el próximo 22 con las cuestiones previas y el interrogatorio a los acusados, y continuará los días 26, 27 y 28 de enero y el 12 y el 16 de febrero.

APROPIACIÓN

Los dos están acusados de apropiación indebida, administración desleal y un delito societario, aunque Avilés, que fue director de la Comisión de Control de CAM, también lo está de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero.

Asimismo, el magistrado señaló como partícipes a título lucrativo a otros dieciocho miembros de la Comisión de Seguimiento y Control de Tenedora de Inversiones (TI), sociedad participada por CAM y que también acudirán a la sala de vistas.

Según Gómez Bermúdez, cobraron de forma presuntamente irregular dietas de entre 9.566 y los 308.000 euros que se embolsó el propio Avilés, cuando le correspondían solo 15.000.

Además, enmarcó en esta misma figura a su mujer, Inmaculada Alcaraz, su hermana Josefa y su hijo Ginés, si bien archivó la acción penal respecto a los tres.

PENAS DE CÁRCEL

López Abad se enfrenta a unas solicitudes de pena de cuatro años por parte de la Fiscalía, de seis por la acusación ejercida por CAM a través del FROB, el fondo de rescate que la subastó por un euro, y de catorce por parte de la Plataforma de Afectados, mientras que en el caso de Avilés pasan por dos años y medio, diez y dieciséis y medio, respectivamente.

En opinión de Anticorrupción, la Comisión de Control de TI "fue un mero y burdo instrumento ideado" por López Abad para permitir que los miembros de la caja "cobraran unos emolumentos muy superiores a los que tenían derecho" y "sin realizar ningún trabajo adicional para la entidad" que las justificara.

Por ello, solicitaba que los dos indemnicen al Banco Sabadell -que se adjudicó la CAM-, con casi 1,5 millones de euros de forma solidaria junto a los miembros de la Comisión.

QUEBRANTO

Además, explicaba que, de forma simultánea, Avilés era también propietario y gestor efectivo, a través de varios familiares y sociedades interpuestas, de "La Vereda de Sucina", que recibió 16,6 millones en préstamos de CAM, si bien por aplicación de la normativa sobre cajas de ahorro, debería haber abandonado sus puestos en la entidad.

Por ello, la CAM considera que Avilés debe pagar además una indemnización de 4,9 millones por el "quebranto" derivado de los préstamos que le concedió la entidad, aunque cree que el dinero debe ir a parar al Fondo de Garantía de Depósitos, ya que este organismo le inyectó 5.249 millones antes de la venta de la caja al Sabadell