Comparte esta noticia

• Tweet
• meneame

Otras noticias

• Economía incumple con Unión Gremial el criterio que aplicó para excluir a Anged del Observatorio
• El 'problema valenciano' se cuela en Madrid
• A quién le sube y a quién le baja los impuestos Joan Ribó

VALENCIA (EFE). El juicio por el supuesto fraude fiscal de 4,4 millones de euros durante la construcción del parque Terra Mítica, en Benidorm, comenzará el 23 de marzo, apenas una semana antes del que juzgará la pieza del caso Gürtel relativa a las contrataciones de la Generalitat para la organización del expositor valenciano en Fitur, que empezará el 31.

La causa de Terra Mítica, con 35 imputados presuntamente vinculados a una trama de facturas falsas (cuatro exdirectivos del parque temático entre ellos), se juzgará en la Sección Quinta de la Audiencia de Valencia, en la Ciudad de la Justicia, aunque todavía no se ha facilitado el calendario completo de las vistas.

El proceso se sigue por supuestos delitos de falsificación, contra el patrimonio, la hacienda pública y el orden socioeconómico durante la construcción del parque.

Por su parte, el juicio por la tercera de las seis piezas sobre la supuesta financiación irregular del PP de la Comunitat Valenciana, con trece procesados, se desarrollará en el Tribunal Superior de Justicia valenciano -ahora no cuenta con aforados pero sí los incluía cuando se acordó apertura del juicio oral-, y se prolongará durante 37 sesiones.

Sentará en el banquillo a la cúpula de Gürtel y Orange Market, y juzgará la posible prevaricación y cohecho en la contratación de la Generalitat con Orange Market, empresa de la red Gürtel, para el montaje del pabellón valenciano en la feria Fitur de Madrid entre 2005 y 2009, en la etapa de gobierno de Francisco Camps.

Junto con el de Terra Mítica, la Audiencia de Valencia afronta este año otros macrojuicios, como los derivados de los casos Emarsa y, de celebrarse finalmente en esta sede, las cinco piezas restantes del caso Gürtel, una carga de trabajo que asumirá este organismo judicial con la incorporación en marzo de seis jueces de lo Penal y dos de Civil.

Para mayor operatividad de la Audiencia, los "grandes juicios" (causas que superen 50 personas entre imputados, testigos y peritos) se reparten entre las cinco secciones en un turno de especial complejidad, para tratar de que todas no recaigan en la misma.

Además, los máximos responsables de esta sede han mantenido conversaciones con la Generalitat para que se dispongan todos los medios necesarios para la celebración de estos procesos judiciales.

La Audiencia de Valencia ya ha celebrado con anterioridad juicios de gran repercusión social y mediática, como el visto por el asesinato de las tres niñas de Alcàsser y el referente al contagio masivo de hepatitis C por acción del anestesista Juan Maeso.

El juicio por el triple crimen de Alcàsser, que comenzó en mayo de 1997, se desarrolló en la antigua sede de la Audiencia Provincial, en el Palacio de Justicia.

Tras casi cuatro meses de sesiones con decenas testigos y peritos, en un proceso que fue parcialmente televisado en una decisión que generó gran polémica, la Sección Segunda sentenció a 170 años de prisión (por rapto, violación y asesinato) al único procesado por el triple crimen, Miquel Ricart.

En el del caso Maeso, también la Sección Segunda juzgó, en este caso durante 17 meses, el contagio de hepatitis C a 275 personas entre 1988 y 1998 por acción del reputado anestesista Juan Maeso, que fue condenado a 1.933 años de prisión.

Para el proceso, celebrado ya en la Ciudad de la Justicia de Valencia, se habilitó una sala especial que dio cabida a 153 abogados y 114 procuradores, y por la que pasaron más de 600 testigos entre afectados, médicos, directivos de hospitales y cargos del Gobierno valenciano.

El TSJ valenciano también ha celebrado con anterioridad juicios de especial complejidad como el de Fitur, como el que juzgó el año pasado la primera pieza del caso Cooperación, y el que sentó en el banquillo en diciembre de 2011 al expresident de la Generalitat Francisco Camps.

Éste último, conocido como "juicio de los trajes", duró 26 días y fue el primer juicio con jurado celebrado en España contra un aforado, lo que, unido a la singularidad de los acusados y a su presunta relación con una de las mayores tramas de corrupción desarticuladas en este país, despertó gran interés en los medios de comunicación, con más de 150 periodistas acreditados.