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VALENCIA (X.A/AGENCIAS). La exconsellera de Turismo Angélica Such presentó este viernes por la mañana la solicitud de baja de militancia del Partido Popular de la Comunitat Valenciana. Una petición que llegaba un día después de que la formación 'popular' hubiera hecho pública la transformación del expediente informativo en disciplinario tanto para Such como para la expresidenta de Les Corts y también exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, quien todavía es alcaldesa de Novelda bajo estas siglas. La medida por parte del PPCV se había adoptado tras fijarse la fecha de inicio del juicio oral para ambas por el caso Gürtel, en concreto a causa de la pieza referente a Fitur.
Así, el citado juicio por la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a supuestas irregularidades en contrataciones de la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, arrancará el 31 de marzo, un año después de la fecha prevista inicialmente después de una serie de serie de recursos que han concluido con que la vista se celebrará finalmente en el Tribunal Superior de Justicia pese a que no incluye ya aforados, porque Martínez y Such, ambas exdiputadas, dejaron sus escaños cuando ya se había fijado la fecha de juicio.
El PPCV había procedido a actuar según sus estatutos, en concreto vía el artículo 18.8 a), por el que el expediente informativo que tenían abierto las implicadas se transformaba en expediente disciplinario habida cuenta de la fijación de fecha de juicio. No obstante, este paso interno no implicaba una suspensión de la militancia: la resolución del expediente disciplinario tendrá lugar "cuando se dicte sentencia o en su caso auto de sobreseimiento que ponga fina al procedimiento judicial, tal y como especifican los Estatutos", señalaron desde la dirección regional del partido. Pese a ello, Such decidió este viernes dar un paso a un lado y pedir su salida del PPCV.
Por otro lado, la portavoz del Gobierno valenciano, María José Català, fue preguntada este viernes por la situación de Milagrosa Martínez, que continúa al frente del consistorio de Novelda. La consellera recalcó que era una cuestión "de partido" en la que el Consell no debía pronunciarse, si bien apuntó que con la apertura de expediente disciplinario "la decisión" estaba "tomada".
Más dura se había mostrado el pasado jueves la coordinadora general del PPCV, Isabel Bonig, quien advirtió públicamente a Milagrosa Martínez, de la "incompatibilidad" de sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio y ostentar un cargo público.
13 PROCESADOS POR FITUR
En esta causa hay un total de 13 procesados: las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such; el exjefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) Rafael Betoret; Alvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa -considerados presuntos cabecillas de la trama-; Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turisme; Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau, coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; Isabel Jordán (exadministardora de empresas de la trama); y Mónica Magariños (exempleada de las mismas entidades).
Los 13 procesados se sentarán en el banquillo por presuntos delitos de prevaricación, malversación, enriquecimiento injusto, cohecho, tráfico de influencias, falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.
En concreto, se les imputó por adjudicaciones realizadas por la AVT, entidad publica de la Generalitat, a la mercantil Orange Market -y otras sociedades vinculadas-, que se encargaba de organizar y realizar la mayor parte de actos del PPCV.
Así, empresas de la presunta trama consiguieron los contratos de Fitur de 2005 a 2007, cuando era consellera Milagrosa Martínez; y los de 2008 a 2009, cuando lo era Angélica Such. Junto a estos contratos, también se pactaron otros como el almuerzo Ifema, otras cuatro ferias más -TCV Valecia, Expovacaciones Bilbao, STIC Barcelona e Intur Valladolid-; Exporural; y adjudicaciones de las Consellerias de Territorio y Vivienda e Infraestructuras y Transportes con ocasión de la contratación del diseño y montaje de sendos stands en Fitur 2005 a sociedades vinculadas a Orange Market.
Asimismo, los procesados están acusados de posible duplicidades de pagos abonados a las mercantiles investigadas con anuencia de las distintas autoridades y empleados públicos con funciones de redactar los pliegos y criterios de adjudicación; y de emitir informes a la Mesa de Contratación, concurrir, hacer propuestas y adjudicar concursos a estas empresas.
El magistrado instructor pidió 636.500 euros de fianza para Milagrosa Martínez; otros 651.500 euros para Correa, Crespo y Pérez; 645.000 euros para Betoret; 540.000 para Vidal; 440.000 para Jordán; 336.500 euros para Herrero; 330.000 para Magariños; 230.000 para Guarro; y 137.000 euros para Grau. La Secretaria de la Sala, tras comprobar que ni Herrero, Martínez, Betoret, Vidal, Guarro ni Grau habían depositado la fianza fijada, ordenó crear una pieza de responsabilidad pecuniaria y embargar sus bienes con el correspondiente trámite de averiguación y traba de pertenencias.
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