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ALICANTE (EFE). La exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, del PP, ha llegado a los juzgados para "dar todo tipo de explicaciones" al juez que investiga las presuntas irregularidades en el plan urbanístico del barrio de Rabasa, en cuyas inmediaciones se proyecta una tienda de la multinacional del mueble Ikea.

A las mismas puertas del alicantino palacio de justicia de Benalúa un vecino de la zona norte de la ciudad ha entregado un ramo de flores a Castedo mientras que otro hombre lanzaba pétalos de rosa a su paso. Estas personas han relatado a los periodistas que han venido espontáneamente para "apoyar" a la exalcaldesa porque creen que ha hecho "muchísimo" por la ciudad y porque no creen que sea una corrupta.

Castedo había sido citada para declarar como imputada para las 10 horas pero ha entrado a los juzgados a las 9.25 horas tras hacer unas breves declaraciones a las decenas de periodistas que le esperaban. La exalcaldesa ha afirmado estar "tranquila" y ha asegurado que tiene intención de declarar, "por supuesto, faltaría más", para mantener su "inocencia".

"Yo sólo pienso en declarar y dar todo tipo de explicaciones, que es mi obligación", ha incidido sin querer entrar a valorar las últimos informes policiales en otra de las piezas en las que está imputada junto a su antecesor en el cargo, el también popular Luis Díaz Alperi, con el argumento de que no quiere opinar sobre algo que "desconoce".

Preguntada por su futuro, ha augurado que será "prometedor" aunque, en todo caso, "ya será el futuro de Sonia Castedo, absolutamente alejada de la vida política". Ha repetido en varias ocasiones que ya no es alcaldesa ni ostenta cargo público alguno, por lo que pretende que se le trate "como a una persona normal".

También ha comentado que sigue pensando lo mismo de siempre" y ha agregado que no cree que a la gente "le interese ya tanto" sus asuntos. Castedo comparece a partir de las 10 ante el titular del juzgado de Instrucción número 6 y juez-decano, Juan Carlos Cerón, en presencia de la fiscalía Anticorrupción y las acciones populares del PSPV-PSOE y EU-IU.

A la exalcaldesa se le atribuyen los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por su papel en un plan urbanístico que preveía construir más de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados, en una zona de expansión de la ciudad junto a un futuro centro de Ikea.

La de Rabasa es una de las dos ramas del caso Brugal en la que está imputada Castedo, ya también lo está en la relativa al presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que investiga otro juzgado, el de Instrucción número 5.

En ambas causas, la investigación de la Policía apunta que el principal beneficiario fue el empresario-constructor Enrique Ortiz, de quien se considera que tenía una relación de amistad con Castedo y que también ha sido citado como imputado el próximo día 30.

La supuesta implicación en ambas ramas del Brugal empujó a Castedo a dimitir el pasado 23 de diciembre a través de un mensaje en la red social Facebook.

Desde entonces, la popular no había comparecido públicamente en acto alguno, ni siquiera en los plenos municipales de renuncia o ayer de toma de posesión de su sucesor, Miguel Valor, a excepción de una entrevista en una cadena televisiva en horario de máxima audiencia.