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VALENCIA. Dos potentes empresas del metal valenciano, filiales de multinacionales (belga y alemana respectivamente) atraviesan convulsos escenarios. Los 222 trabajadores de Bosal están con la soga al cuello tras saber desde el 23 de diciembre que la dirección de su empresa ha decidido liquidar la fábrica de Sagunto. Por su parte, los empleados de Kamax en Museros han visto cómo los máximos responsables de la firma han tensado estos días la cuerda de la negociación colectiva y les exigen una reducción de sueldos para los futuros operarios pese a que la fábrica acumula hitos históricos en producción, ventas y beneficios.

Ambos son casos muy diferentes, pero cabe situarlos en el pujante contexto que vive el sector de la automoción, con una marca líder en Europa y a plena producción desde la Comunitat Valenciana como es Ford Almusssafes, y con un sector auxiliar que tampoco ha dejado de crecer en los últimos tiempos.

Y pese a ser proveedores privilegiados del sector, en ambos casos las matrices u otras filiales están ofreciendo mejores resultados, y han obligado a esfuerzos. En el caso de Bosal directamente inasumibles, por cuanto se aboga por un cierre sin negociación, y en el caso de Kamax inaceptables, porque representa perder derechos adquiridos y consolidados con anterioridad.

KAMAX CONTRA KAMAX

Kamax es una fábrica especializada en tornillería que se fundó en 1952 en Museros y que pertenece al grupo alemán desde su adquisición a principios de los años 80. Exporta más del 85% de su producción principalmente a Europa, y entre sus clientes se cuentan los principales fabricantes de automóviles mundiales.

El gerente financiero, Juan Carlos Mena, ha lanzado este martes un ultimátum a la plantilla a través de los medios de comunicación: o aceptan el plan de competitividad que exige la reducción de los salarios de los nuevos trabajadores que se incorporen, o la central acabará cerrando la fábrica y trasladando la producción a otra filial en Chequia.

En declaraciones a Valenciaplaza.com, Mena confirma la amenaza: "Yo siempre digo al comité de empresa que puede negarse a negociar, pero no hay otra opción; hay que llegar a un acuerdo". Y no es otro que el que la dirección propone, pese a haberse disparado sus beneficios un 100,6% en 2013 (respecto a 2012) hasta casi 3,9 millones de euros, y pese a acumular un incremento de ventas del 12% y más de 50 millones de euros facturados.

Los sindicatos van más allá: "La situación es envidiable a nivel de producción (500 millones de tornillos al año y unos dos millones a diario). La verdad es que no podemos absorber la actual carga de trabajo", explica Víctor Manuel Moralejo, de la sección sindical de CC OO, y añade que les falta maquinaria para poder cumplir con los pedidos actuales.

Por su parte, al presidente del comité de empresa, de Intersindical, Florencio Moreno, no le sorprende el comunicado y prefiere no pronunciarse: "No es la primera vez que lo hace (en alusión a la utilización de los medios por parte de Juan Carlos Mena). Aquí nos conocemos todos. Lo importante es informar a la plantilla y si hace falta convocaremos una asamblea para ver qué opinan todos los trabajadores".

Pero Juan Carlos Mena, insiste: "Que estemos ahora muy bien no quita para que veamos las amenazas futuras. En la central reconocen nuestro esfuerzo de los últimos años y nos valoran. Pero los pedidos de dentro de tres o cuatro años se están gestando en estos momentos; y si no vendemos proyectos a medio plazo lo que no consigamos ahora se traducirá en traslados de producción a otras plantas", afirma.

Y explica Mena que los gastos de personal de Chequia respecto a sus ventas son del 13%, mientras en Museros suponen el 20%. Siete puntos de diferencia que en su opinión deben reducirse, pero no tocando salarios actuales, sino de las nuevas incorporaciones. Y prevé una producción futura de hasta 680 millones de tornillos y hasta 45 o 50 nuevos contratos (30 por prejubilaciones y el resto nuevos). Aunque de este plan no dijo nada hace un mes en una jornada en Valencia de APD sobre el sector de la automoción.

A la propuesta de la dirección, los representantes sindicales responden contundentes que seguirán defendiendo los acuerdos firmados y entienden que la empresa debería respetarlos.

BOSAL, UNA EXTINCIÓN FRAUDULENTA

La segunda gran empresa metalúrgica en plena catarsis es Bosal, filial de una empresa belga con capital holandés y con sede en Sagunto.

La firma presentó el concurso el pasado 23 de diciembre, pese a que desde hace meses los trabajadores venían realizando movilizaciones ante la cada vez menor carga de trabajo de la fábrica, y pese a contar con la palabra del administrador, Joop Van Boesschoten, quien aseguró que no habría concurso de acreedores.

Bosal se instaló en Sagunto aprovechando las ayudas para la reconversión de la comarca tras el cierre de los Altos Hornos. Y ha sido viable hasta hace relativamente poco. Pero según la responsable de Industria de CC OO en el Camp de Morvedre, Vanesa Casado, la dirección "ha venido desarrollado maniobras para dejar sin activos y sin producción a la planta de Sagunto, para después presentar un concurso de acreedores voluntario fraudulento a liquidación", denuncia, para añadir a continuación que el objetivo ha sido "la extinción colectiva de todos los contratos. Una práctica que la multinacional ya ha llevado a cabo en Inglaterra o Francia", concluye.

La lucha por la viabilidad de la planta ha conseguido el apoyo de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, el de la Conselleria de Economía y también el del Ayuntamiento de Sagunto.

El propio conseller de Economía, Máximo Buch, ha asegurado este martes que "no había motivos para el cierre" y que no tiene intención de hablar con la dirección de Bosal porque, a su juicio, "no tienen buena fe". Por ello, ha afirmado que serán el juez y la inspección de trabajo los que "analizarán la situación y plantearán las medidas a tomar". 

El conseller se ha reunido con representantes de los trabajadores y con el alcalde, Sergio Muniesa, y ha asegurado que su intención era "apoyar a la empresa para evitar el cierre, pero Bosal ha ido dando largas y llevado la situación hasta donde ellos querían que era el concurso de acreedores" (la reunión se ha producido justo tras una nueva incomparecencia de la empresa en los juzgados).

Desde la Conselleria se afirma que "lucharán y apoyarán" al comité de empresa y a los trabajadores para "evitar el cierre". Y si no se consigue, Buch ha asegurado que abogará para que las indemnizaciones y las compensaciones económicas de los trabajadores sean las máximas. También ha añadido que trabajarán para que se produzca "un relevo y que haya otra empresa que se pueda hacer cargo de la actividad y poder salvar el máximo número de puestos de trabajo", ha concluido.