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Procesados en las piezas 1, 2 y 6

Testigos abren mañana las declaraciones del caso Rabasa, donde figura Castedo

VALENCIAPLAZA.COM. 08/01/2015 La primera imputada en comparecer será la alcaldesa de Alicante

ALICANTE (EFE). Dos testigos abrirán mañana ante el juez instructor la ronda de declaraciones de la rama del caso Brugal relativas a las supuestas irregularidades en el plan urbanístico del barrio de Rabasa, donde están imputados la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo (PP) y el constructor Enrique Ortiz, entre otros.

Los testigos que declararán a partir de las 9.30 horas ante el titular del juzgado de Instrucción número 6, Juan Carlos Cerón, son un abogado urbanista y un funcionario de la concejalía de Urbanismo, ambos propuestos por la parte del imputado Enrique Sanus, gerente de Urbanismo de Alicante.

Tras estas declaraciones, la primera imputada en comparecer ante Cerón será Castedo el próximo día 16 a partir de las 10 horas, mientras que Sanus y la funcionaria de Urbanismo Isabel Campos lo harán el 29 y el 30 Enrique Ortiz, el empresario-constructor supuestamente beneficiado.

Esta ronda de declaraciones estaba prevista para el pasado otoño aunque fue pospuesta por un incidente de nulidad presentado por el abogado de Ortiz.

A Castedo se le atribuyen los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por su papel en un plan urbanístico que preveía la construcción de más de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados en una zona de expansión de la ciudad, en cuyo entorno está previsto una tienda de la multinacional sueca del mueble Ikea.

Tras un primer archivo hace años, la investigación se reactivó a raíz de una denuncia presentada en 2012 por Esquerra Unida, y a los imputados se les atribuye los supuestos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

La acción popular corre a cargo de los denunciantes, EU-IU, a los que posteriormente se adhirieron el PSPV-PSOE.

Además de esta rama, Castedo está imputada en otra pieza separada del Brugal relativa al supuesto amaño en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que lleva el juzgado de Instrucción número 5 y donde, al igual que en la anterior, la investigación apunta que pudo beneficiar al empresario Ortiz.

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