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MADRID (EP). El presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC), Luis Martín, cree que modificar la Ley Concursal no implicará salvar más empresas, porque el problema no es tanto la normativa como la falta de cultura de concurso de acreedores que impera en España, y que hace que en muchos casos se haga uso de las posibilidades existentes cuando la situación es ya irrecuperable.

Así lo ha expresado en una entrevista con Europa Press, en la que ha defendido que la reestructuración de empresas y el proceso concursal no deben tener como objetivo salvar puestos de trabajo, sino hacer que las compañías que realmente son viables y solventes sobrevivan.

Algo que conlleva la necesidad de "reducir la oferta, el número de empresas y su capacidad de producción" para adecuar la situación actual de España a la caída del consumo que ha provocado la crisis económica. "Para crecer hay que destruir. Si no, tendremos una situación de ociosidad", advierte Martín, recordando además que también la liquidación genera empleo y riqueza.

Con todo ello, al final "la Ley Concursal es tan buena o tan mala como cualquier otra", dice el presidente de ASPAC, para quien lo realmente fundamental es "cómo se prepara" cada expediente de concurso, cómo se gestiona la insolvencia y, sobre todo, cuándo se declara la suspensión de pagos.

VIAJES MARSANS

"No nos podemos permitir situaciones en las que, por no acudir a la protección que la propia ley da a las empresas, se acabe en un auténtico desastre. No podemos acabar en situaciones de concursos como el de Viajes Marsans por culpa de que no se acudió a la protección de la legislación concursal a tiempo y la pérdida fue mucho mayor para todos: los directivos, los acreedores y los trabajadores", explica.

Y continúa señalando que "si un empresario no prevé con el tiempo suficiente qué tiene que hacer para asegurar su permanencia en el tiempo con resultados positivos se acabará viendo arrastrado y las consecuencias son mucho peores".

Estas reticencias a la hora de acudir al concurso son algo propio de España, cree Martín, que señala que mientras en Francia se presentan de media unos 40.000 concursos anuales, en España apenas se llegó a los 7.200 en 2012, uno de los años más duros de la crisis.

"El problema es nuestra falta de cultura de utilizar a tiempo una ley que protege a la empresa para salvarse o reestructurarse y reciclarse adecuadamente. Nuestra economía ha disminuido, hay empresas que tendrán que liquidarse para reducir la oferta, y habrá que ver cuáles son y cuáles no. Pero no por mucho modificar la ley se van a salvar más empresas. Se liquidarán más fácilmente o más dolorosamente, pero seguirá habiendo concursos de acreedores", avisa.

CAMBIOS EN EL SISTEMA

No obstante, el presidente de ASPAC reconoce que hay algunas mejoras en el sistema que se pueden llevar a cabo, como por ejemplo resolver la falta de medios en los juzgados y mejorar el procedimiento de sustitución de los funcionarios para que no se acumulen retrasos en los expedientes cuando cambia el responsable y tiene que ponerse al día de decenas de casos complicados a la vez.

Luis Martín tampoco es partidario de eliminar la figura del experto independiente que hasta ahora supervisa las cuentas antes del concurso, ni de mantener el carácter privilegiado de los créditos laborales, de Hacienda y de la Seguridad Social, porque van "en detrimento del resto de acreedores" y también perjudican la llegada de inversión.

Una llegada de recursos que actualmente están protagonizando los llamados 'hedge funds' o 'fondos buitre', cuyo papel defiende el presidente de los administradores concursales, alegando que no es nuevo y que además aportan inversiones de expertos, muy especializadas y diversificadas sin arriesgar el dinero de los minoristas y ahorradores como sucede cuando son las entidades financieras tradicionales las que ocupan este espacio.

En este sentido, Martín rechaza que se juzgue el papel de los 'hedge funds' por el número de puestos de trabajo que conservan o destruyen, ya que la función de estos fondos en el sistema económico actual es conseguir beneficios, aunque eso signifique liquidar una compañía, algo que puede ser necesario desde su punto de vista.

En cualquier caso, el presidente de ASPAC cree que lo fundamental es "no estar moviendo la portería cuando se va a tirar a gol" y permitir que la regulación se asiente, y mejorar la supervisión de los agentes económicos más que incrementar la normativa.

Además, aboga por la aprobación de una Ley específica de Segunda Oportunidad para afrontar los procesos de insolvencia de personas físicas y autónomos pero no que se incluya en la normativa concursal, porque "se trata de colectivos y problemas radicalmente distintos".

EL PAPEL DE LOS ADMINISTRADORES

Por último, Luis Martín ha explicado a Europa Press las propuestas que ASPAC ha trasladado al Gobierno sobre el nuevo reglamento de los administradores concursales que actualmente se está redactando. Entre otras cosas, creen que los 40.000 administradores que actualmente hay registrados en los decanatos de los juzgados provinciales son demasiados y proponen reducirlos a entre 300 y 400.

"Si un administrador lleva un concurso cada 20 años no hay especialización ni profesionalización, es algo marginal dentro de su actividad y el sistema funciona de forma deficiente. Así que hay que adecuar el número de profesionales a los procesos concursales que se vayan a llevar a cabo para que se preste un buen servicio", insiste, abogando por que los despachos dedicados a la administración concursal se dediquen en "exclusiva" a ese fin.

Además, los profesionales deberían ser economistas y abogados, hablar idiomas, "dominar" la normativa nacional e internacional, y su selección debería llevarse a cabo mediante un concurso de méritos, así como teniendo en cuenta sus publicaciones, experiencia y formación recibida e impartida. ASPAC incluso plantea la necesidad de "un plan de estudios específicos" para este sector y cursos "homologados".

COMISIÓN REGULADORA

Según su propuesta, el concurso de méritos estaría controlado por una Comisión Reguladora de la formación y actualización del conocimiento de los administradores concursales y auxiliares delegados, que fijaría las bases, el contenido del examen, el sistema de puntuación, la calificación, la homologación y el tribunal evaluador, y autorizaría a los centros de formación.

También determinaría el número máximo de profesionales que podrían estar registrados a la vez para conseguir concursos, convocaría los exámenes y las nuevas plazas, y gestionaría los regímenes inspector, infractor y sancionador. En esta comisión tendrían que estar representados los ministerios de Justicia y de Economía, la Dirección General del Registro y del Notariado y la propia Asociación de Administradores Concursales.

En cuanto al régimen retributivo, creen que la propuesta del Gobierno de que el juez pueda rebajar el arancel en caso de ineficiencia supone más "un castigo que un incentivo", ya que puede "limitar el derecho de controversia del administrador". "Incentivar sería, por ejemplo, tener unos horarios de éxito si se consigue un convenio o se vende una unidad productiva", sugiere Martín.