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VALENCIA (EFE). Las cuentas anuales a 31 de diciembre de 2013 de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y RTVV SAU no han sido rendidas a la Sindicatura de Comptes junto con el respectivo informe de auditoría de cuentas anuales en el plazo marcado, lo que incumple lo dispuesto en la Ley de Hacienda Pública y la Ley de Sociedades de Capital. 
Así lo refleja el último informe de la Sindicatura sobre RTVV, correspondiente a 2013, que expone que las cuentas de RTVV y la sociedad que la sustituyó, RTVV SAU, fueron formuladas el 31 de marzo de 2014 por el Consejo de liquidación, que las reformuló el 24 de octubre y finalmente se entregaron a la Sindicatura el 25 de noviembre.
El informe refleja incidencias como pagos efectuados o pendientes por 72,4 millones de euros que superan el plazo establecido en la ley contra la morosidad, aunque el síndic opina que ese importe se debería incrementar en 174.328 euros en RTVV SAU.
Respecto a los intereses devengados por mora, tanto RTVV como RTVV SAU no han contabilizado ni estimado su importe a 31 de diciembre de 2013, que según la Sindicatura "podría ser significativo".
El síndic apunta también deficiencias en la "adecuada formalización" y legalización de las actas de las sesiones de los órganos de gobierno de RTVV SAU durante 2013, como reuniones del consejo de administración que no han sido transcritas al correspondiente libro de actas.
El patrimonio neto de RTVV presentaba un importe negativo a 31 de diciembre de 2013 de 920.688.574 euros, debido a las "pérdidas recurrentes y acumuladas derivadas de la insuficiencia de las dotaciones presupuestarias de la Generalitat", mientras que RTVV SAU en liquidación presentaba un patrimonio neto negativo de 136.730.052 euros.
Por lo que respecta a la deuda financiera, en diciembre de 2012 el Consell asumió deuda de RTVV por importe de 1.059.344.331 euros, y solo obtuvo la aceptación de una entidad financiera para subrogarla, cuya deuda ascendía a 53.114.531 euros.
Durante 2013, la Generalitat se ha subrogado deuda con entidades financieras por 88.757.856 euros, y adicionalmente ha asumido deuda financiera a largo plazo y ha atendido vencimientos de préstamos durante 2013, por un importe conjunto de 417.194.871 euros.
Según el Síndic, esas operaciones de capitalización y asunción de deuda "no se encuentran formalmente documentadas en acta del Consejo de Liquidación".
En 2014, la Generalitat se ha subrogado deuda de RTVV con acreedores financieros por importe de 239,8 millones de euros, y ha recurrido al plan de pago a proveedores para satisfacer obligaciones a cargo de RTVV y RTVV SAU por importe total de 35,6 millones de euros mediante la cancelación de deudas comerciales.
El informe afirma que RTVV SAU ha contabilizado a 31 de diciembre de 2013 una corrección valorativa por importe de 5.300.495 euros para reflejar contablemente el importe recuperable o valor de liquidación del centro de producción de programas de Burjassot, sin que la memoria de la sociedad informe "adecuada y suficientemente" de este ajuste.
El síndic apunta además incidencias en la contratación de un gerente para coordinar los trabajos de liquidación, sin el preceptivo informe favorable de la Conselleria de Hacienda y sin que haya constancia documental de que su elección se ha basado en criterios de profesionalidad.
Sobre los derechos de emisión de la Fórmula Uno, el síndic recuerda que en mayo de 2013 se condenó a TVV al pago de 16,4 millones de euros por no cumplir el contrato, y desvela que se han contabilizado gastos de asesoramiento jurídico para iniciar de un procedimiento judicial del que posteriormente se ha desistido, por 82.036 euros en 2012 y 146.957 euros en 2013.
El informe indica que dos televisiones locales adeudan 1,4 millones a RTVV SAU por la difusión de la señal, que dada su antigüedad considera que tiene "escasas posibilidades de cobro".
Las facturas emitidas por el Villarreal CF por compra de derechos pendientes de pago ascienden a 1.763.357 euros, mientras que RTVV SAU acordó no pagar a Triskel el precio acordado por tres documentales sobre la situación política de España -de los que solo emitió uno- de 276.000 euros, sino 60.000 euros como máximo.
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