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MADRID. (EFE) El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido a su compañero Fernando Andreu el informe pericial sobre el "caso Bankia" por su "conexidad e interés" para la causa en la que investiga a los máximos responsables del Banco de Valencia. 

Entre otras cuestiones, el informe realizado por dos peritos designados por el Banco de España para trabajar a las órdenes de Andreu ponía de manifiesto que las cuentas del Banco de Valencia a cierre de 2010 ya no expresaban la imagen fiel de la entidad.

No solo eso, sino que durante años había declarado beneficios recurrentes y siguió haciéndolo hasta mediados de 2011, poco antes de ser intervenido en noviembre de ese año y posteriormente vendido a La Caixa.

Fue la Fiscalía Anticorrupción la que, tras conocerse las conclusiones de los expertos, solicitó a Pedraz que pidiera esa documentación por su interés para la causa del Banco de Valencia, en la que investiga presuntas irregularidades tanto en la contabilidad de la entidad como en diversas operaciones crediticias.

El Banco de Valencia pertenecía al grupo BFA(cabecera de Bankia) en el que consolidaba por integración global puesto que era el accionista de control y tuvo que asumir un deterioro de 498 millones tras la intervención.

Se integraba en Bancaja, una de las fundadoras de BFA-Bankia, desde hacía 16 años, por lo que "su deterioro tenía que ser conocido necesariamente por los miembros del consejo de administración de BFA y Bankia originarios de Bancaja", añadían los peritos.

Recordaban que estos consejeros ocupaban la presidencia y vicepresidencia de Banco de Valencia, con lo que, sin citarle, se referían al expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas, imputado por Pedraz por un delito de apropiación indebida en relación con el desvío de fondos de la entidad a sociedades del empresario alicantino Ramón Salvador.

Pero Olivas también está imputado junto al resto de consejeros por un delito de falsedad contable, inicialmente por los estados financieros de 2008, aunque después el juez lo amplió también a los de 2009, basándose en unos informes de inspección del supervisor que mencionaban "numerosas deficiencias en la gestión de riesgo del crédito".

Éstas se referían, concretamente, a la toma de decisiones con el objeto de evitar el traspaso de saldos a la clasificación de dudosos y la indebida calificación contable de muchos de ellos, y estimaba un déficit específico de provisiones de 177 millones.

Pero los peritos del "caso Bankia" desvelaron que, a cierre de junio de 2011, el patrimonio neto del Banco de Valencia ascendía a 1.282 millones de euros, aunque la entidad declaró posteriormente, en el cierre del ejercicio, unas pérdidas consolidadas antes de impuestos de 1.298 y 922 millones en términos netos por saneamiento de préstamos y activos inmobiliarios.

De ese modo, su patrimonio neto se redujo a 368 millones, pero los expertos indicaban que los deterioros que provocaron esa situación no se generaron en la segunda mitad de 2011, sino que venían de años anteriores.

Por eso llegaron a la conclusión de que los estados financieros del Banco de Valencia a cierre de 2010 ya no reflejaban la imagen real de la entidad, que llevaba años cotizando en bolsa y a la que el Estado le tuvo que inyectar 4.500 millones de euros antes de subastarla.