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VALENCIA (EP/VP). La Fiscalía Anticorrupción de Valencia se ha querellado contra el expresidente de la Generalitat Valenciana y diputado en las Corts Francisco Camps, contra la exconsellera, ex secretaria autonómica de Comunicación del Consell y exdirectora de Televisión Valenciana, Lola Johnson, y el expiloto Jorge Martínez Aspar por presunta malversación, prevaricación y delito societario en la compra de Valmor Sports por el Gobierno autonómico para poder seguir celebrando el Gran Premio de la F-1 en Valencia, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del procedimiento.

El ministerio público presentó la querella contra Camps, Johnson y Aspar ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a última hora de ayer, por dirigirse contra una persona que es diputada --Camps-- y, por tanto, aforada, con lo que éste sería el organismo competente para instruir, en su caso, la investigación.

En concreto, el fiscal encargado de la investigación estima que con la operación de la compra de Valmor se pudo haber incurrido en delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario, con lo que se ha querellado contra Camps, Johnson y Aspar y solicita que se les llame a declarar como imputados.

El ministerio público ha descartado inicialmente dirigir su querella también contra el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que fue el que firmó la compra de Valmor, al estimar que las supuestas irregularidades se cometieron durante la confección y firma del aval, en un momento en el que la Presidencia del Consell la ocupaba Francisco Camps.

Así, las supuestas irregularidades se ceñirían a la confección que se hizo desde el Gobierno valenciano de Camps para que la empresa pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva adquiriese la totalidad de las participaciones sociales de Valmor para organizar el evento deportivo por un precio simbólico de un euro --cuando la empresa privada arrastraba una deuda de más de 34 millones de euros, según la oposición-- y con una cláusula que impedía exigir responsabilidades a los empresarios de Valmor.

Johnson justificó en su momento esta acción en que era un plan de reorganización del sector público que iba a permitir a la Generalitat concentrar la gestión de los eventos deportivos relacionados con el motor y, así, poder plantear de una forma más eficaz la externalización parcial de los eventos.

Sin embargo, para EUPV y PSPV, esta acción supuso un quebranto económico para el erario público puesto que una empresa pública de la Generalitat asumió todas las deudas de una empresa privada con entidades financieras y proveedores, y eximiendo a los vendedores de cualquier responsabilidad.

DESDE MAYO

Fiscalía abrió diligencias de investigación el pasado mes de mayo tras la denuncia presentada por el PSPV, quien denunció a los miembros del equipo de Gobierno valenciano que aprobaron en diciembre de 2011 la compra de Valmor. Tras ello, el ministerio público acumuló otra denuncia de EUPV relativa a este mismo asunto.

Durante la investigación, el ministerio público ha tomado declaración a diferentes personas como a Aspar, quien tenía un 33 por ciento de la sociedad que creó para organizar el Gran Premio de Fórmula 1 junto al empresario Fernando Roig y Bancaja, que tenían los otros dos tercios. Aspar defendió ante el fiscal que plantearon al Consell la venta de Valmor porque consideraban que era la única solución. Roig también testificó ante el ministerio público el pasado mes de julio.

Así mismo, el ministerio público ha requerido a la Generalitat facturas y diferente documentación de los viajes que hizo Camps a Londres para negociar con el empresario Bernie Ecclestone -quien también ha declarado por este asunto- que la ciudad de Valencia fuera sede del Gran Premio de Europa de Fórmula 1, tal y como así ocurrió. En concreto, Fiscalía requirió al Consell diferente documentación sobre los viajes que realizó Camps entre los años 2006 y 2011 para negociar este evento, y también preguntaba por quién fue acompañado.