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VALENCIA. Les Corts aprobaron este jueves las cuentas de la Generalitat Valenciana para el año 2015. Los presupuestos para el año electoral han supuesto un reto para el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, que ha tenido que hacer equilibrismos para poder presentar un incremento en el gasto y al mismo tiempo, y sin expectativas firmes de nuevos ingresos, cumplir con un objetivo de déficit del 0,7%. Un límite quimérico si se tiene en cuenta que la Comunitat Valenciana cerrará el presente ejercicio por encima del 2%, según las distintas proyecciones 

Moragues se enfrenta, por tanto, a la realidad con unos cálculos que tiene cuatro claves fundamentales más allá de los propios números.

1. LA ALARMA DE LA AUTORIDAD FISCAL. Moragues llevó al Consell en octubre un proyecto de ley de presupuestos que estaba cuadrado a martillazos. Tres eran las claves en las que se forzaba la máquina de los ingresos para tratar de conseguir igualarlos con los gastos: la manida venta de patrimonio que no llega nunca, el impuesto a la banca que el Gobierno ha prohibido cobrar y un adelanto de 1.000 millones del fondo de compensación previsto para 2017. Entre las tres sumaban más de 1.500 millones que la Generalitat se apuntaba sin tener garantía de ello. 

La oposición -y los análisis de los medios de comunicación, este incluido- alertaron de lo artificial de las cuentas, exprimidas para poder cumplir con el objetivo del déficit sobre el papel. Pero todo siguió el camino de costumbre en la Generalitat, donde los presupuestos nunca han sido un documento creíble más allá de lo básico. Así iniciaron la tramitación parlamentaria.

Pero el sobresalto para el conseller llegó hace algo más de una semana cuando la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), organización que asesora al Ministerio de Hacienda sobre el déficit, puso en un documento las mismas pegas que se habían puesto en el ámbito valenciano. Además, iba más allá. Ya no se trataba de advertir de que el Gobierno no tiene previsto en sus presupuestos ningún adelanto de 1.000 millones para la Comunitat Valenciana. El problema es que la AIReF aseguraba que el Consell no tenía base legal para pedir ese adelanto.

2. SIN ADELANTO NO HAY PARAISO.  El matiz no era menor. Si el Consell no tenía base legal para pedir el adelanto, la posibilidad de incluirlo en el presupuesto suponía una irresponsabilidad por parte de la Conselleria de Hacienda, al margen de que sin esos 1.000 millones la Comunitat Valenciana se iba a un déficit sobre el papel del 1,7%, algo que implicaría una intervención prácticamente de hecho, tal y como venía a insinuar ela AIReF en su informe.

Por esa razón, el conseller Moragues se empleó a fondo durante una semana para convencer a los responsables del organismo de que sí tiene base legal para pedir ese anticipo. Una negociación en la que el responsable de Hacienda logró su objetivo. A primeros de esta semana se publicó una nueva versión del informe sobre la Comunitat Valenciana en la que ya no se incluía esa advertencia sobre la base legal. Con todo, el orgnismo asesor sigue avisando de que el Gobierno no tiene programada esa trasferencia multimillonaria en su presupuesto.

Para acabar de completar este embrollo, el grupo parlamentario de Compromís presentó este jueves una querella en Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra el Consell y todos los diputados que aprobaron el presupuesto, acusándolos de prevaricación por dar el visto bueno a una ley que no se puede cumplir al existir una previsión de ingresos falsa a sabiendas. El recorrido de esta denuncia no parece muy largo, pero introduce un elemento de incertidumbre más a en las cuentas públicas.

3. EL 'MONTORAZO'. No todo han sido malas noticias para Moragues durante estos últimos días. De forma inesperada, el Ministerio de Hacienda está diseñando un plan contra los problemas para afrontar la deuda por parte de determinadas comunidades autónomas y en especial a los gastos financieros que tienen que soportar y que suponen un handicap añadido al cumplimiento del déficit.

El ministro Montoro quiere que las comunidades mutualicen la deuda y que sea el Estado el que se haga cargo del pago de los intereses. Así, el dinero que tiene prestado el Gobierno a los ejecutivos autonómicos a través de los préstamos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o del Plan de Pago a Proveedores tendrán un interés cero para las autonomías.

Este plan podría suponer un alivio relevante para las cuentas valencianas. Aunque el alcance que tendrá para la Comunitat Valenciana aún no se conoce -no se sabe con certeza hasta dónde llegará esta condonación de intereses por parte del Gobierno y las contraprestaciones que pedirá a cambio- el montante total será cuanto menos de 500 millones de euros. Puede que incluso llegue a más.

Si la Generalitat no tiene que pagar esos interese el año que viene la posibilidad de ajustar sus cuentas mejora, si bien difícilmente el Gobierno accederá a reducir ese cobro y a dar el adelanto de 1.000 millones. En la Conselleria de Hacienda se está a la espera de tener noticias sobre este plan que se debe aprobar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo martes.

4. LA HERENCIA. Sea como sea, las cuentas de Moragues son las del final de una era política. Las previsiones electorales sitúan al PP fuera de la Generalitat Valenciana después de 20 años de gobierno. Quien llegue en junio,, incluso si es el propio PP en minoría, tendrá que enfrentarse a un presupuesto que, aún con todos los martillazos, resulta imposible de cumplir.

Para hacerse una idea de lo complejo de la situación de la Comunitat Valenciana baste decir que esta misma recta final del año 2014 ha sido necesario contar con un préstamo adicional del FLA de casi 1.000 millones. La deuda valenciana sigue siendo la más alta en relación con el PIB y lejos de reducirse aumenta por los problemas endémicos de financiación.

Solo un cambio en el modelo permitiría cambiar las tornas. Pero a un corto plazo, y con unas elecciones generales a noviembre de 2015 vista, nadie va a moverse. El Gobierno ya lo ha advertido. La situación financiera de la Comunitat Valenciana seguirá siendo igual de insostenible los próximos meses, incluso con una quita de deuda, puesto que la diferencia entre ingresos y gastos en la Generalitat supera con creces los algo menos de 1.000 millones que se pagan de intereses. Y los vencimientos se renuevan año tras año. El calvario va para largo.