MADRID (EFECOM). El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha emplazado a Bankia a que le remita los contratos originales de las tarjetas de crédito opacas de las que fueron titulares Rodrigo Rato y Miguel Blesa mientras estuvieron al frente de Caja Madrid y los del resto de beneficiarios de las mismas.
En dos autos, a los que ha tenido acceso Efe, el magistrado accede así a la petición que le hicieron ambos imputados para reclamar una serie de diligencias dentro de la pieza separada del "caso Bankia" en la que investiga las tarjetas opacas con las que 83 exdirectivos y exconsejeros cargaron más de 15 millones en algo más de una década.
Así, a instancias de Rato, requiere a la entidad que identifique los "departamentos responsables de la emisión y/o contabilización" de las visas desde su origen, que tiene lugar en Caja Madrid, hasta mayo de 2012, cuando abandonó Bankia.
No solo eso, sino que además el juez reclama al banco que acredite la fecha en que comenzaron a contabilizarse las tarjetas en las cuentas "gastos de órganos de Gobierno" y "Tratamiento administrativo Circular 50/99", así como que informe de otras en las que se pudieron cargar los gastos con anterioridad a 2003.
Y es que Rato aludió en su declaración ante el juez que esas tarjetas, que él entendía como parte de su salario por el que tributaba a Hacienda, ya existían desde mucho antes de que él entrara en Caja Madrid en 2010.
Coincidía así con su antecesor, Miguel Blesa, que concretó que su origen databa de 1988, bajo la presidencia de Jaime Terceiro.
De hecho, Blesa dirigió un escrito a Andreu para solicitar diligencias muy similares a las que ha reclamado su sucesor, entre ellas pedir a Hacienda las actas de inspección de los ejercicios 2003-2010 que demostrarían que "efectivamente se revisó" por parte de la Agencia Tributaria "la existencia" de las tarjetas opacas, "su uso y su contabilización".
Andreu no solo ha accedido a esa petición, sino también a la de solicitar a Bankia y Visa los "contratos marco" Bussines Plata y Bussines Oro asociados a las tarjetas a los que hacía referencia Bankia en su informe de auditoría interna que destapó el escándalo.
Entre ellos, el del propio Blesa, que suscribió en 1994, y el del ex vicepresidente del Gobierno.
Por último, el magistrado insta a Bankia a que le demuestre "si durante la vigencia del mandato de Rodrigo Rato" se confeccionó "cualquier tipo de informe, relación o memorándum" dirigido al entonces presidente por parte de la Secretaría General o por las direcciones financieras, fiscal, contabilidad o cualquier otra "referidos a la emisión y/o uso de las tarjetas".
Bankia situó en la dirección financiera, departamento que dirigió el también imputado Ildefonso Sánchez Barcoj, la gestión directa de estos plásticos, si bien éste aseguró al juez que la decisión de qué personas los recibían fue de los ex presidentes, mientras que su tarea era la de controlar simplemente que no se excediera el presupuesto asignado a cada una de ellos.
Sin embargo, el magistrado ha considerado "improcedente" pedir al FROB, Bankia y a la Fundación Caja Madrid, heredera de la obra social de la caja, quiénes de los beneficiarios han devuelto las cantidades de las que disfrutaron con sus visas "o han pretendido efectuar ingresos con este carácter", tal y como le solicitó Blesa.
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