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BARCELONA (EFECOM). Que la Comisión Europea tomara cartas en el asunto era una de las recomendaciones incluidas en el informe que elaboró Ribó para utilizar todas las herramientas legales, y lograr suspender el Real Decreto Ley que concede una indemnización multimillonaria a la empresa que impulsó el proyecto de almacén de gas en la costa mediterránea.

El defensor del pueblo de Cataluña sugirió a la defensora europea que solicitara a la Comisión que, en el marco de sus competencias, investigara de oficio si la actuación de España, concretada en el Real Decreto Ley 13/2014, "constituye una ayuda de Estado prohibida por el Tratado fundacional de la Unión Europea".

Ribó ha informado hoy de que esta alternativa de la Comisión Europea, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en último término, es una medida llevada a cabo de manera paralela al recurso que la Generalitat ha anunciado que presentará ante el Tribunal Constitucional.

El informe del Síndic de Greuges, ahora en manos de la Comisión Europea, fue elaborado tras cerca de un año de investigaciones sobre la legalidad y la actuación de la Administración en torno al almacén de gas, especialmente con la aprobación en octubre de 2014 del Real Decreto Ley que regula la retirada de la plataforma, causante de varios terremotos en la costas catalana y castellonense.