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VALENCIA (EFE). La comisión de Les Corts Valencianes que investiga la intervención de la CAM por el Banco de España en julio de 2011 cumple este mes tres años desde su constitución, sin que cuente todavía con unas conclusiones, aunque se espera que antes de que acabe la legislatura se apruebe el dictamen en el pleno.

La decisión de crear una comisión sobre la CAM fue adoptada en octubre de 2011 por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, quienes el 16 de diciembre de ese año constituyeron la décima comisión de investigación de la historia democrática de Les Corts con el objetivo de acabar sus trabajos en seis meses.

No obstante, el largo listado de comparecientes -han acudido a Les Corts 74 personas y dos han declarado por escrito- y el desarrollo en paralelo de la investigación de la Audiencia Nacional ha condicionado el trabajo de este órgano, ante el que algunas personas se han negado a responder a los diputados por su imputación judicial.

El objetivo de la comisión, que ha mantenido 36 reuniones, era aclarar qué sucedió en la que llegó a ser la cuarta caja de ahorros española antes de ser intervenida, analizar las indemnizaciones de sus directivos y avales a proyectos no viables, y dilucidar posibles responsabilidades políticas.

Para ello, por la Cámara autonómica han pasado personas como el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordoñez, los ex directores generales de la CAM María Dolores Amorós y Roberto López Abad, o el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores Julio Segura.

También lo han hecho miembros del consejo de administración y de la comisión de control, que han afirmado que no sabían nada de lo que ocurría en la Caja y que carecían de preparación específica para esos cargos, en los que había una taxista, una bailarina clásica profesional, una cajera de supermercado o una socióloga.

Las comparecencias han puesto de manifiesto la sobreexposición de la CAM al sector inmobiliario, la falta de actuación ante los avisos de las inspecciones del Banco de España, o una forma de actuar en la que un "núcleo duro" tomaba las decisiones y nadie del consejo de administración o la comisión de control las cuestionaba.

A falta de las conclusiones oficiales de la comisión, el PP considera que se ha evidenciado que el Banco de España "no hizo lo que tenía que hacer" y "no controló nada", lo que unido a que los gestores aplicaron prácticas que "no se ajustaban a la legalidad" llevó a la liquidación de la caja.

El portavoz del PP en la comisión, Vicente Betoret, ha indicado a EFE que hay una responsabilidad política "flagrante", la de Fernández Ordóñez, quien "ostentó un cargo político" y bajo cuya dirección el Banco de España "se puso el mundo por montera" y cuando se llegaron a encender las luces de alarma "estaba todo en fase de derribo".

Para el socialista Francisco Toledo, los principales responsables son los directivos de la CAM, "más preocupados de lo que ellos ganaban que por lo que ganaba la caja", y "sobre todo" el Instituto Valenciano de Finanzas, el organismo de la Generalitat encargado de supervisarla, "que no hizo nada con la excusa" de que la inspeccionaba el Banco de España.

Mireia Mollà (Compromís) apunta a un "cúmulo de circunstancias premeditadas": una dirección que buscaba "beneficios particulares", un consejo de administración "títere al que se callaba con dietas y prebendas" y dos organismos supervisores -el Banco de España y el IVF- que "miraron al otro lado de forma consciente".

Mollà lamenta que en la comisión ha quedado "coja" la parte política, a pesar de que ese era el objetivo de este órgano, pues el "veto del PP" ha impedido las comparecencias de los que decidían quiénes estaban en el consejo de administración, como los consellers y el expresident de la Generalitat Francisco Camps

Lluís Torró, de Esquerra Unida, ve múltiples responsabilidades: de los gestores de la CAM, de los administradores políticos y de los supervisores, en los que el Banco de España tiene una responsabilidad "gravísima" y el IVF hizo "dejación" de funciones.

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