JOAQUIM CLEMENTE . 05/12/2014 El informe del organismo independiente que vela por el cumplimiento del déficit pone en duda los presupuestos de la Generalitat para 2015 e insta al Gobierno a poner en marcha el proceso para aplicar medidas coercitivas recogidas en la ley de estabilidad

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VALENCIA. El informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sitúa a la Comunitat Valenciana al borde de la intervención. El documento, hecho público este viernes, considera que las cuentas de la Generalitat se desviarán por encima del 2%, pudiendo alcanzar el 2,4%, cuando el límite para este ejercicio es del 1%. 

Esta perspectiva negativa se une a unos presupuestos para el 2015 que el informe considera son irrealizables, especialmente en tres aspectos relacionados con los ingresos: el fondo de compensación de 1.000 millones que la Conselleria de Hacienda espera recibir el año que viene del Gobierno y que no está consignado en las cuentas del Estado, los ingresos por impuestos propios, especialmente el impuesto a la banca que está suspendido, y los ingresos por venta de patrimonio. 

"No existe constancia expresa ni fundamento legal que justifiquen la recepción de estos ingresos", señala literalmente el informe. La incertidumbre sobre estos ingresos llevaría a la Comunitat Valenciana a superar con creces el límite del 0,7% previsto para el año próximo. 

Ante este escenario de incumplimiento del déficit para este año y para el próximo y ante la inexistencia de un plan financiero para corregir esta situación, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que preside José Luis Escrivá, recomienda al Gobierno "que se activen las medidas previstas en el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/212 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera".

Este artículo es la base sobre la que se sostiene lo que sería una intervención de las cuentas de la Generalitat por parte del Estado, aunque en la ley no aparece el término intervención. En concreto, la ley señala que ante un supuesto de incumplimiento como el que vive la Comunitat Valenciana, el Gobierno exigirá a la administración afectada que "en el plazo de un mes adopte las medidas necesarias para evitar el riesgo. Si no se adoptasen las medidas o el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas aprecia que son insuficientes para corregir el riesgo, se aplicarán las medidas correctivas previstas en los artículos 20 y 21 y 25, apartado 1.a)".

Estas medidas coercitivas hacen referencia a un estricto control del gasto por parte del Ministerio de Hacienda, que no se podría incrementar en ningún caso. Además, se abre la posibilidad a que el Estado tome el control de las competencias fiscales transferidas. 

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