VALENCIA (EFE). Carlos Fabra, el durante décadas todopoderoso político de Castellón, donde presidió la Diputación durante dieciséis años y el PP provincial durante veintidós, ha ingresado esta tarde en la prisión de Aranjuez después de que la Audiencia Provincial le condenara a una pena de cárcel de 4 años por cuatro delitos fiscales, y el Gobierno le denegara el indulto.
El ingreso en prisión de Carlos Fabra llega un año después de conocerse la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, y once después del inicio de la instrucción de la causa que se puso en marcha con la denuncia del empresario Vicente Vilar, que había sido amigo íntimo del exmandatario.
El juicio contra Carlos Fabra, en el que la Fiscalía Anticorrupción solicitaba 13 años de prisión para éste por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública, se celebró finalmente en octubre de 2013.
La Sección Primera absolvió a Fabra de los delitos relacionados con la corrupción y le condenó a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública cometidos en cuatro ejercicios en los que habría defraudado 693.000 euros.
Fabra interpuso entonces un recurso contra el Tribunal Supremo que fue rechazado por el Alto Tribunal, así como un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Nacido en Castellón en 1946 en el seno de una saga de políticos castellonenses -su padre y otros miembros de su familia fueron presidente de la Diputación-, este licenciado en Derecho entró en la política de la mano de UCD, pero fue con el PP con el que fraguó una carrera que le convirtió en un "peso pesado" del partido.
Desde que en 1995 accediera a la presidencia de la Corporación provincial, se convirtió el rostro más visible y mediático de Castellón, tanto por su forma de ejercer la política como por su personalidad, que le ha llevado a afirmar alguna vez que es "más famoso que José Tomás".
Este político que lleva gafas de sol oscuras, desde que de niño perdiera un ojo, siempre ha reivindicado los logros alcanzados en su provincia, como el hospital provincial, aunque pasará a la historia por promover el aeropuerto de Castellón, inaugurado en marzo de 2011 y todavía sin tráfico de aviones.
Fabra presidió la sociedad pública que promovió el aeropuerto de Castellón, Aerocas, desde la que defendió la necesidad para el futuro económico de la provincia de una instalación que se espera que a finales de este año reciba su primer vuelo comercial.
Aficionado a los toros y al golf, ha sido agraciado en varias ocasiones con premios de lotería, e incluso el grupo municipal de Compromís de Ontinyent (Valencia) hizo unas papeletas con su imagen y la frase "La lotería que siempre toca", aunque tuvo que pagarle a Fabra 12.956 euros por intromisión en el derecho a la imagen.
Fue nombrado secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón en 1975, cargo que posteriormente abandonó para centrarse en la política y al que regresó en 2012 tras dejar la presidencia de la Diputación y del PP provincial, aunque renunció a él de manera definitiva el 31 de diciembre de 2013.
En junio de 2011 abandonó la presidencia de la Diputación de Castellón y un año después hizo lo mismo con su puesto al frente del PP provincial, que dejó ambos en manos de Javier Moliner.
El relevo se produjo después de que la oposición pidiera reiteradamente su dimisión tras haber sido imputado por delitos contra la Hacienda Pública, cohecho y tráfico de influencias, y los plenos de la Diputación se convirtieran en espectáculos mediáticos, con intervenciones y réplicas más que subidas de tono.
Sin embargo él afirmó que dejar sus cargos era una decisión "personal" -que coincidió con un trasplante hepático en 2010- y explicó que renunciaba a ellos "tremendamente feliz" y sintiéndose apoyado por los ciudadanos en las urnas.
La tradición familiar de los Fabra queda ahora en manos de Andrea, la única de sus hijas que decidió dedicarse a la política y que actualmente ocupa un escaño en el Congreso de los Diputados.
El periplo judicial de Fabra comenzó en 2003, cuando su hasta entonces, amigo y empresario Vicente Vilar le denunció y le acusó de haber mediado en distintas instituciones públicas para favorecer la concesión de las licencias para los productos fitosanitarios que comercializaba en su empresa Naranjax y de haber obtenido dinero a cambio.
En el juicio, Vilar afirmó que su denuncia inicial era "falsa" y que había denunciado al que era amigo íntimo suyo después de que éste no le respaldara cuando su entonces esposa le denunció por violación, hecho por el que posteriormente fue condenado y cumplió condena.
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