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CASTELLÓN (EFE). El ingreso en la prisión de Aranjuez para cumplir una pena de cuatro años de prisión por delitos fiscales impuesta al expresidente de la Diputación de Castellón y del PP de esta provincia Carlos Fabra cierra el caso contra el exmandatario popular casi once años después de que un empresario le denunciara.

El viernes 21 de noviembre, el Consejo de Ministros anunció que había denegado la petición de indulto solicitada al Gobierno por Carlos Fabra después de que el Tribunal Supremo rechazara los recursos de su defensa, que reclamaba su absolución, y del fiscal y el abogado del Estado, que pidieron aumentar de cuatro a ocho años de cárcel la pena que la Audiencia de Castellón impuso a Fabra por cuatro delitos fiscales.

La sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Castellón llegó el 25 de noviembre de 2013, casi una década después de las querellas interpuestas contra él que dieron inicio al proceso y por el que Fabra terminó abandonando todos sus cargos públicos.

En diciembre de 2003, el empresario castellonense y gerente de la empresa de productos fitosanitarios Naranjax, Vicente Vilar, presentó dos querellas contra Fabra por supuestos delitos contra la salud y la propiedad industrial, en las que afirmaba que el exmandatario había mediado ante diferentes instituciones públicas para conseguir autorizaciones de los ministerios.

Esas querellas fueron rechazadas, pero la titular del juzgado número 1 de Nules (Castellón) abrió de oficio en enero de 2004 un nuevo procedimiento por indicios racionales de delitos contra la administración pública, cuya instrucción se prolongaría durante una década, durante la que pasaron por ese juzgado nueve jueces y cuatro fiscales.

A mediados de 2005, la Agencia Tributaria presentó una denuncia contra Fabra por un presunto delito fiscal, que dio lugar a una investigación de las cuentas bancarias y el patrimonio de toda la familia que con el tiempo permitió descubrir que Fabra y su esposa ocultaron cerca de un millón y medio de euros sin declarar entre 1999 y 2004.

También en 2005, el Juzgado número 2 de Nules abrió diligencias de investigación tras otra denuncia de Vilar por una supuesta falsificación de sellos y cuños en los documentos de unos productos fitosanitarios.

En 2008, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación presentado por Fabra contra la investigación judicial sobre su patrimonio, mientras que en mayo de 2009 el Juzgado de instrucción número 2 de Nules incoó procedimiento contra él por posible falsificación de documentos para obtener autorizaciones comerciales.

En mayo de 2010, la Audiencia de Castellón acordó el sobreseimiento provisional de la causa contra Fabra por falsedad documental.

Un mes después, el Juzgado número 1 de Nules transformó las diligencias contra Fabra en procedimiento para juicio, al entender que los hechos presuntamente cometidos por él y su mujer serían constitutivos de cohecho, tráfico de influencias y contra la hacienda pública.

A finales de 2010, la Audiencia Provincial de Castellón denegó que Fabra fuera juzgado por un tribunal, y acordó sobreseer la causa contra él y su mujer por cuatro de los cinco delitos fiscales entre 2000 y 2003 investigados en el juzgado 1 de Nules, por entender que habían prescrito.

No obstante, en diciembre de 2011 el Tribunal Supremo revocó la decisión de la Audiencia Provincial y ordenó reabrir la causa por cinco delitos fiscales.

En diciembre de 2012, el juzgado número 1 de Nules dio por concluida la instrucción y un mes después ordenó abrir juicio oral por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal contra Fabra, su exmujer (Amparo Fernández), el empresario Vilar y su exmujer (Montserrat Vives).

Finalmente, el 2 de octubre de 2013 comenzó en la Sección Primera de la Audiencia de Castellón el juicio; la Fiscalía Anticorrupción solicitaba una pena de prisión para Fabra de 13 años, que quedó visto para sentencia el 30 de octubre tras la declaración de medio centenar de testigos.

El expresidente del PP en la provincia de Castellón y de la Diputación había dejado su cargo de secretario general de la Cámara de Comercio de Castellón el pasado 31 de diciembre, después de la condena de la Audiencia provincial.