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VALENCIA (EP). El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha declarado nulo el segundo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de modificaciones contractuales en la empresa pública Vaersa, adscrita a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, en una sentencia de 18 de noviembre que estima las demandas interpuestas por la Federación de Servicios Públicos de UGT PV y por CCOO PV.

Según se indica en la sentencia, "la empresa no cumplió con el deber de negociar de buena fe, lo que vicia de nulidad del proceso de modificación sustancial instado". El fallo conlleva la obligación de reponer a los trabajadores afectados en las mismas condiciones laborales anteriores a las modificaciones.

En un principio, la empresa planteó la necesidad de modificar las condiciones laborales a 98 personas de diferentes categorías y centros de trabajo argumentando causas organizativas, productivas y por las reducciones presupuestarias en varias encomiendas de gestión correspondientes al ejercicio 2014.

No habiendo acuerdo con la parte sindical en el periodo de consultas, tanto FSPUGT-PV como CCOO-PV, iniciaron un conflicto colectivo en fecha 25 de abril de 2014 para que se declarasen nulas o subsidiariamente injustificadas las modificaciones de condiciones de trabajo y novaciones contractuales.

El tribunal valenciano señala, ante lo alegado por la empresa para iniciar las consultas, esto es, que las medidas a adoptar se justificaban por los términos de la nueva encomienda, que "resulta esencial que las partes negociadoras tengan cabal conocimiento de los términos en que ha variado la situación de la empresa desde la anterior encomienda a la presente" sin que pueda sustituirse tal cotejo por informes realizados por personal de la propia empresa.

Al respecto, indica la sentencia, que la documentación relativa a esta encomienda de gestión para 2013 estaba a disposición de la empresa, por lo que "su no aportación, fundada siempre en evasivas, tras haber sido solicitada por las organizaciones sindicales, supone un quebranto del deber de buena fe negocial, ya que implica privar de forma intencionada a la representación de los trabajadores de datos esenciales para lograr un acuerdo".

Por ello, considera que la empresa "no cumplió con el deber de negociar de buena fe", quedando viciado el proceso.

UGT

Para UGT-PV, esta sentencia "llega en un momento en el que el modelo de gestión empresarial basado en las encomiendas de gestión renovables anualmente se encuentra muy cuestionado por los tribunales, la conselleria de Hacienda y Administración Pública, la conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, el Síndics de Comptes y las auditorías internas".

Además, ha agregado, "ya son tres los exdirectores de Vaersa imputados debido a la mala gestión, en algunos casos por sobrecostes en los contratos", todo ello "en vías de investigación y resolución judicial".

Asimismo, recuerda el sindicato, se ha anunciado recientemente un nuevo ERE, el tercero desde 2012, que afecta a número aproximado de 80 personas, y mientras tanto "la empresa sigue sin haber abonado las indemnizaciones a un número importante de trabajadores afectados del primer ERE (que supuso un despido de 197 personas)". Por ello, de materializarse un nuevo tercer ERE, la FSP-UGT-PV anuncia ya que interpondrá la correspondiente demanda colectiva.