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VALENCIA. La Comunitat Valenciana será la primera autonomía española en adaptar la nueva normativa estatal cameral que fue aprobada en abril por el Congreso de los Diputados. El Consell ha autorizado comenzar la tramitación del anteproyecto de la nueva Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación para optimizar la estructura y organización de las Cámaras de Valencia, Castellón, Alicante, Alcoy y Orihuela.

Desde la Cámara de Comercio de Valencia han declinado valorar el borrador hasta que no esté definitivamente aprobado.

La principal novedad del nuevo marco legislativo pasa por la apertura a nuevas vías de financiación a través de trabajos que puede solicitar la Generalitat al Consejo de Cámaras valencianas y éste a su vez decidir que Cámara en concreto realiza el proyecto y lo factura.

Hasta ahora las cámaras se financiaban en gran parte con las cuotas de las empresas afiliadas, pero ahora se impone la adscripción universal de todas las mercantiles sin obligación de tener que pagar ningún tipo de cuota.

En este sentido, desde el Gobierno valenciano destacan que, de acuerdo con la ley estatal, el borrador con que trabaja define las Cámaras como corporaciones de derecho público a las que pertenecerán todas las empresas que se encuentren en su demarcación territorial.

Este punto también responde a la necesidad de que representen los intereses generales del comercio y no los de un determinado sector, asociación o colectivo de empresas. Esto permitirá un acceso en condiciones de igualdad de oportunidades.

INTERNACIONALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD

Otras singularidades de la reforma son, por una parte, la apuesta por la internacionalización; el nuevo plan cameral de competitividad; y por último, su configuración para prestar servicios empresariales fundamentales y regenerar el tejido económico.

Respecto a su organización, el Consell trabaja en un borrador de amplia base democrática y representativa del tejido empresariao de cada demarcación. Habrá elección directa de los vocales del pleno mediante sufragio libre, igual, directo, y secreto de todas las empresas de cada demarcación, al menos en sus dos tercios.

También facilitará la representación directa de las organizaciones empresariales más representativas y las mercantiles de mayor aportación voluntaria.

Además, con la nueva norma las Cámaras estarán obligadas a hacer públicas las retribuciones de los altos cargos y a depositar sus cuentas anuales en los registros mercantiles correspondientes de su localidad.

Y se mantiene el actual modelo territorial (Alicante, Alcoy, Castellón, Orihuela y Valencia) para facilitar la integración y poder ofrecer un mejor funcionamiento de sus servicios.

Desde la Conselleria de Industria explican que el siguiente paso, después de haber mejorado el texto con las aportaciones de las Cámaras y de la patronal empresarial, ahora el documento deberá pasar por el Consejo Jurídico Consultivo, el Consejo Económico y Social y, por último, las Corts.

Las Comunidades Autónomas tienen de tiempo para adaptarse al nuevo marco estatal hasta el 31 de enero de 2015.