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MADRID (EFE). Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido a 26 personas en diferentes provincias de Andalucía, Extremadura y Canarias, así como en Barcelona y Madrid, presuntamente relacionadas con una trama de pagos ilegales a funcionarios de ayuntamientos a cambio de concesiones públicas a empresas.

En total los agentes han practicado detenciones o registros en trece provincias: Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Gran Canaria.

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, en la operación bautizada como "Enredadera" y que supone la tercera fase de la investigación Madeja que está desarrollando hoy la Guardia Civil por orden de la juez Mercedes Alaya se prevén una treintena de detenidos.

Hasta el momento, los agentes ya han arrestado a 26 personas, en su mayoría funcionarios, aunque también se prevé la detención de algún cargo público de bajo nivel, según han indicado las fuentes que también informan de diversos registros en las provincias implicadas, entre ellos la diputación de Sevilla.

La Dirección General de la Guardia Civil informa en un comunicado del desarrollo de esta operación Enredadera en la que está previsto detener e imputar a varias personas como presuntos autores de delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal.

Según explica la Guardia Civil, la operación Enredadera es la continuación de la investigación sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla S.A.

De esta operación los agentes concluyeron un "no justificado" incremento patrimonial del que fuera hasta 2007 director del área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla.

Los agentes realizaron un informe patrimonial sobre esta persona de la que se dedujo que había recibido de la sociedad Fitonovo -contratista habitual de numerosas administraciones públicas- múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza desde dinero hasta vehículos, lo que provocó en julio y diciembre del pasado año la apertura de nuevas diligencias, registros y detenciones, entre otros, de responsables de la empresa citada.

Con el análisis de la documentación incautada entonces los investigadores determinaron que la dirección de Fitonovo había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, de forma que había habilitado la estructura de la propia empresa para formar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación.

A su vez también los imputados también habían creado una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.

Las indagaciones que lleva a cabo al respecto la Guardia Civil están bajo secreto de sumario, decretado por la juez Mercedes Alaya en julio de 2013 y prorrogado en quince ocasiones, la última el pasado 10 de octubre.

Tres personas llegaron a estar en prisión por este asunto: Francisco Amores, exjefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla; al empresario José Antonio González Baró, administrador de la empresa Fitonovo, y a Francisco Luis Huertas, jefe de mantenimiento del Parque María Luisa.

Este último quedó en libertad en enero de este año, tras rebajar la jueza a 60.000 euros la fianza de 150.000 euros que había fijado inicialmente.

En cuanto a Amores y González Baró, ambos se encuentran también el libertad bajo fianza, de 150.000 y 250.000 euros, respectivamente.

En mayo pasado, la juez levantó parcialmente el secreto respecto al exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista Domingo Enrique Castaño y su esposa, la abogada Ana María Vaquero, que habrían incrementado su patrimonio en 811.396 euros en siete años, de los que 400.181 euros lo fueron sin justificar y con posible origen en comisiones ilegales.

También fue imputado en este caso, Joaquín Peña, director de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, a quien en diciembre destituyó el alcalde Juan Ignacio Zoido (PP) al conocerse su imputación en esta nueva rama del caso Mercasevilla.