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VALENCIA (VP). A partir del 15 de enero de 2015, la Administración Pública, sus proveedores y algunas empresas del sector privado que prestan servicios de especial trascendencia económica deberán emplear la factura electrónica, un sustituto legal y fiscal del documento en papel. No obstante, a falta de 2 meses para que entre en vigor esta obligación, más de la mitad de las autonomías todavía no se han adaptado al nuevo sistema. Según el Observatorio Permanente de la Factura Electrónica de EDICOM, por el momento solo 7 de las 17 comunidades están preparadas para este salto tecnológico.

Cataluña, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana fueron las primeras en sumarse a la Facturae. Poco después lo hicieron Galicia, Castilla y León, La Rioja y Región de Murcia. Esta temprana implantación propició que la normativa estatal se adelantara incluso en 2 regiones: la Comunitat Valenciana y La Rioja. En ambas, la Administración Pública y sus proveedores están obligados a utilizar la factura electrónica desde el pasado 1 de julio, 6 meses antes que en el conjunto de España.

Las restantes comunidades autónomas se encuentran en fase de estudio. Algunas, como Andalucía, Asturias o Cantabria se han adherido al punto general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado (FACe) y otras han desarrollado sus propios "puntos de entrada". Sin embargo, esto no implica que estén preparadas para emplear la factura electrónica. "Además de sumarse a estos puntos, las administraciones deben poner en marcha los sistemas internos de gestión y tramitación necesarios para procesar la factura, dirigirla al órgano competente y garantizar la trazabilidad del documento en todo momento", explica Miguel Soler, miembro del Observatorio Permanente de la Factura Electrónica de Edicom.

Actualmente, la puesta en marcha de la Facturae la lideran los grandes proveedores de la Administración Pública. Estos, que ya han realizado los desarrollos internos necesarios para adaptarse tecnológicamente, encuentran un freno en algunas administraciones a la hora de seguir avanzando. "La cuenta atrás para la factura electrónica ha comenzado y las autonomías deberían hacer un esfuerzo por estar a la cabeza de este salto tecnológico", afirma Soler.

La implantación de la factura electrónica en España responde a una tendencia global que busca una Administración cada vez más automatizada y libre de papeles. En la Unión Europea esta se ha convertido ya en una de las prioridades de la Agenda Digital, pero también otros países de todo el mundo, como México o Brasil, han tomado medidas similares.

La Facturae permitirá a los proveedores conocer en tiempo real el estado en el que se encuentran sus facturas. Además, automatizará los procedimientos y reducirá las posibilidades de error. Sin embargo, una de las ventajas más valoradas de este nuevo sistema es el ahorro económico que supondrá tanto para las empresas, como para el Sector Público. Según los cálculos del Plan Avanza, cada documento costará 3,48 euros menos de lo que supone el proceso en papel.