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VALENCIA (EFE). El juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha decretado la apertura de juicio oral para veinticuatro acusados en la pieza principal del caso Emarsa por irregularidades en la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia), que generó un "agujero" de 23 millones de euros al menos entre 2004 y 2010.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juez aprecia indicios de prevaricación, malversación, cohecho y falsedad documental en los veinticuatro acusados.

El auto no se refiere al vigésimo quinto de los acusados que tenía esta causa, el empresario Jorge Ignacio Roca Samper, considerado uno de los supuestos cabecillas de la trama y que está en paradero desconocido y en busca y captura internacional.

Además, el juez incrementa la cantidad que tendrán que pagar los acusados hasta 30,8 millones si son condenados en concepto de responsabilidad civil, y decreta el embargo de bienes suficientes de los acusados para cubrir las responsabilidades pecunarias que puedan declararse procedentes.

Una vez decretada la apertura del juicio oral, el juez remitirá la causa para su enjuiciamiento a la Audiencia Provincial, a la que señala como el órgano competente para su conocimiento y fallo.

Según el auto, existen "indicios racionales de criminalidad contra todos los acusados", que han "adquirido firmeza" después de que la Sección Cuarta de la Audiencia desestimara todos los recursos de apelación interpuestos por los representantes de los imputados.

Sobre los acusados Esteban Cuesta, Enrique Crespo, Enrique Arnal, Sebastián García y Eva María Marsal, de los que se acordó su libertad provisional con obligación de comparecer cuando fueran requeridos por el Tribunal y a quienes se retiró el pasaporte, ha acordado el mantenimiento de estas medidas cautelares personales.

La instrucción de este caso ha determinado la existencia de una red de empresas que, al menos entre 2004 y 2010, actuó para detraer más de veintitrés millones de euros de fondos públicos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), encargada de la gestión de la depuradora de Pinedo.

Entre los principales imputados en esta causa están el expresidente de Emarsa, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación, Enrique Crespo; el gerente de Emarsa de 2004 a 2010, Esteban Cuesta, y el director financiero de la empresa entre 1996 y 2010, Enrique Arnal.

También figuran el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar), dependiente de la Generalitat, José Juan Morenilla; y el exjefe de departamento de Epsar, Ignacio Bernácer.

La Fiscalía ha pedido 14 años de prisión para Crespo, Bernácer y Morenilla, 12 para Cuesta y penas que van desde los 8 a los 2 años de prisión para el resto de los acusados.