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VALENCIA (EFE). La Fiscalía Anticorrupción investiga si el Ayuntamiento de Valencia ha fraccionados contratos a un grupo de empresas, con el mismo administrador e investigadas en el caso Gürtel, a las que facturó un total de 2,7 millones desde 1994, para evitar la licitación pública, según ha denunciado Compromís.

El portavoz de este grupo municipal, Joan Ribó, ha explicado hoy en rueda de prensa que la Fiscalía ha acusado recibo de la denuncia interpuesta por su formación el pasado 17 de octubre, y les ha informado de que ha incoado diligencias de investigación penal por si los hechos pueden ser constitutivos de delito.

"(Rita) Barberá y (Alfonso) Grau -alcaldesa y vicealcalde, respectivamente- ya no podrán decir que no se han abierto diligencias como consecuencia de denuncias nuestras", ha apuntado Ribó, quien ha explicado que la denuncia se resume en la facturación entre 1994 y 2014 al conglomerado de empresas que forman Trasgos, Cuco, Construcciones Paya y Montesinos y Tannhäuser.

Ribó ha subrayado que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales ya advirtió en un informe de julio de que estas empresas están implicadas en la pieza de la visita del papa de la trama Gürtel y tienen los mismos socios y el mismo domicilio fiscal, lo que suena, ha dicho, "a ser la misma empresa con cuatro nombres distintos".

En concreto, ha explicado que entre 1994 y 2014 el Ayuntamiento ha facturado al conglomerado de Trasgos 2,21 millones, especialmente desde el 2000 con facturas que superan los 100.000 euros cada año -antes de esa fecha apenas se facturaban unos miles de euros anuales-. A ello se suman más de 531.000 euros facturados por la Fundación Deportiva Municipal (FDM).

De esta forma, el total asciende a más de 2,7 millones, en su opinión, una "cantidad importante, sobre todo por estar hecha en condiciones escandalosas".

La denuncia de Compromís expone dos contratos con estas empresas adjudicados por el que fue concejal de Deportes entre 1995 y 2002, Enrique Pérez Boada, y que luego él mismo administró cuando, tras dejar sus cargos públicos, fue miembro del consejo de administración de Trasgos durante un breve periodo.

Además, expone una situación "irregular y conflictiva" de la FDM, que adjudicó tres contratos a las citadas empresas, a pesar la disconformidad del interventor municipal, que advertía de que incumplían la Ley de Contratos de las Administraciones.

El grupo municipal también denuncia que la FDM convocó a Trasgos a un procedimiento negociado sin publicidad en 2011 para la comunicación de Valencia Capital Europea del Deporte por 47.200 euros y finalmente se adjudicó a Cuco Comunicación, "que no había sido invitada" y que según Ribó es "una tapadera" porque en 2009 apenas tenía 2.800 euros de gastos de personal.

880.000 EUROS PARA SERVICIOS EN EXPOJOVE

Igualmente, han presentado facturas por importe de 880.000 euros para diferentes servicios de la feria Expojove en las que, según Ribó, "se da la casualidad terrible de que en todos estos años la empresa siempre es la misma" y que las facturas por debajo de 12.000 euros (que entonces marcaba la ley para obligar a concurso público) "son tremendamente frecuentes".

La denuncia de Compromís también recoge el fraccionamiento -que ya denunciaron en su día y que fue archivado- de facturas con estas empresas para la organización de la Japan Week aunque Ribó ha considerado que ahora las incluyen "dentro de un proceso general".

De la misma forma, incluye facturas de menos de 12.000 euros a diferentes empresas del grupo para la cita de innovación "Valencia Ya" entre 2004 y 2006 y para la campaña de la policía de barrio.

Según Ribó, no han incluido en la denuncia porque no les consta documentación de que se use esta metodología para contratar con estas empresas las campañas electorales de Barberá, aunque ha expresado que según la contabilidad del PP en el Tribunal de Cuentas, Trasgos era "proveedor habitual" del PP valenciano.

Ante esta información, Ribó ha concluido que "el Ayuntamiento ha troceado reiteradamente contratos -Expojove, Japan Week o Valencia Ya- especialmente desde 2000 entre las diferentes empresas de Trasgos para evitar la licitación pública de contratos".