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CASTELLÓN (EFE). El fiscal que instruye la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 5 de Castellón que investiga supuestas irregularidades en la contratación del Centro de Convenciones de Castellón ha pedido que se retire la imputación al arquitecto valenciano Santiago Calatrava.

En el escrito, hecho público hoy por Esquerra Unida -que ejerce la acusación popular en la causa-, se explica que de los interrogatorios realizados hasta ahora en la fase de instrucción "no se desprenden indicios de que dicho imputado haya participado en delito alguno".

El portavoz adjunto de EU en Les Corts Valencianes Ignacio Blanco ha anunciado en un comunicado que se opondrán a esta petición de archivo de la imputación de la Fiscalía.

Calatrava declaró como imputado el pasado martes, en una causa en la que han declarado varios cargos de la Sociedad Proyectos Temáticos y en la que queda pendiente la declaración de la ex secretaria autonómica de Turismo Cristina Morató, también en calidad de imputada y en paradero desconocido.

Según el documento del fiscal hecho público hoy, existe discordancia entre las partes respecto al contrato firmado entre el arquitecto valenciano y la Sociedad Proyectos Temáticos (SPT) para el proyecto del Centro de Convenciones de Castellón.

En este sentido, señala que de la instrucción se desprende que el arquitecto "realizó los trabajos encomendados", así como que el proyecto sufrió ampliaciones que lo encarecían.

No obstabte, para el ministerio público "no ha quedado acreditado que Calatrava influyese para ser él el contratista de la obra, ni de que haya habido concierto alguno entre el arquitecto y la SPT u otros funcionarios".

El arquitecto recibió 2,7 millones de euros en concepto de honorarios por el proyecto que entregó, según afirmó la representación legal de Calatrava tras la declaración de éste, aunque finalmente la obra no llegó a realizarse.

El fiscal explica que, pese a que "se estima que esos pagos no eran procedentes porque no se había cumplido el contrato y por ello se habría beneficiado a Calatrava, no puede deducirse de ello la existencia de una conspiración para beneficiar al arquitecto o a terceras personas ni una voluntad tendente a infringir la ley".

También asegura que el hecho de que se le pagasen los honorarios, "calculados con arreglo al presupuesto inicial", de 60 millones de euros, sin el sobrecoste, "no es indicio para mantener la imputación".

Esquerra Unida se opondrá a la petición del fiscal de archivo de la imputación al "no compartir en absoluto sus apreciaciones exculpatorias", según Blanco.

El diputado autonómico ha criticado que el escrito del fiscal se haya hecho público "cuando el proceso de instrucción todavía no ha concluido y cuando quedan todavía declaraciones de imputados para tomar" y pruebas documentales por hacer.

A su juicio, "las palabras del propio arquitecto no dejaron ni mucho menos claro quién fue quien decidió contratarlo o por qué se le pagaron 2,7 millones de euros a pesar de no haber cumplido el contrato, tal y como lo entendía la Sociedad de Proyectos Temáticos, que era su cliente y que es una empresa pública".

"Confiamos en el trabajo del juez -ha añadido Blanco-, que hasta ahora ha sido constante, riguroso y serio a la hora de intentar aclarar estos hechos y, en ese sentido, recordamos que quedan todavía declaraciones de imputados, como por ejemplo Cristina Morató, responsable política de aquel pago de 2,7 millones de euros que nunca tuvo que hacerse, y también documentos que todavía tienen que aportarse a las actuaciones".