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VALENCIA. De duplicar su capacidad con la construcción de un edificio gemelo al lado a bordear la liquidación. Ese es el escenario en el que se encuentra la empresa pública Palacio de Congresos, la sociedad dependiente del Ayuntamiento de Valencia que explota el recinto diseñado por Norman Foster en la capital valenciana.

La sociedad reunió este martes a su consejo de administración para aprobar el plan de viabilidad. Y lo hizo pero con un duro informe de la Intervención General del Ayuntamiento de Valencia que pone en duda la capacidad de la empresa de generar beneficios y considera que el consistorio no puede legalmente ampliar capital para evitar su disolución.

El informe, que firma el interventor general del Ayuntamiento de Valencia, Ramón Brull, pone en duda los cálculos que ha realizado el Palacio de Congresos, dirigido por José Salinas, para salir de su comprometida situación financiera. Según el documento, la sociedad estima que con una inyección pública de 1,6 millones de euros aportada este año por el consistorio podrán cerrar el ejercicio de 2014 sin pérdidas.

Los cálculos se basan en un incremento de los ingresos en 0,49 millones por la actividad ordinaria de congresos y de 0,12 millones por restauración. Además, reducirían los gastos fijos en algo más de cien mil euros, aunque el aumento de la actividad supondría incrementar los variables en 0,32 millones. En resumen, el efecto neto de los gastos sería de 0,2 millones más.

Con estos datos del plan de negocio y con la aportación de 1,6 millones del Ayuntamiento, la dirección del Palacio de Congresos entiende que lograría un beneficio de 0,6 millones, corrigiendo el desequlibrio patrimonial en el que incurre actualmente y propiciando la continuidad de la entidad.

PÉRDIDAS CONSTANTES

Pero esas cuentas no convencen al interventor. "Analizando las previsiones solamente desde el punto de vista de la actividad ordinaria, es decir sin contras las subvenciones del ayuntamiento (...) el resultado de explotación sería de 1,05 millones en negativo". Para el responsable de las cuentas municipales, ese dato demuestra la insuficiencia del plan de negocio planteado.

"El resultado positivo de 0,6 millones es debido exclusivamente a los ingresos extraordinarios por las subvenciones de capital del Ayuntamiento de Valencia. De otra parte, los resultados de explotación de Palacio de Congresos en 2011 y 2012 también fueron negativos y el propio ejercicio de 2013 cerró con 0,817 millones de pérdidas, lo que sumado a los resultados ordinarios negativos previstos para 2014 parecen indicar una tendencia que eviencia más si cabe la insuficiencia de los esfuerzos realizados para garantizar la viabilidad de la entidad", dice literalmente el informe del interventor.

Y aquí llega la clave de la historia: Dado que el Ayuntamiento de Valencia tiene aprobado un plan de ajuste que según la ley de régimen local le impide realizar aportaciones patrimoniales a sus entidades depentientes mientras no consiga equilibrar su cuentas y pagar a tiempo a los proveedores, la posibilidad de seguir rescantando a la empresa pública choca con la legislación.

La nueva ley de régimen local, que entró en vigor en diciembre del año pasado, obliga a los ayuntamientos a sanear sus empresas públicas. Para ello, las sociedades dependientes deben presentar un programa de ajuste para corregir el desequilibrio presupuestario, como es el caso de Palacio de Congresos. La cuestión es que "en el supuesto de no cumplir dicha corrección, [las sociedades] deberán disolverse", recuerda el interventor.

Aunque el informe (que es preceptivo) en sus conclusiones evita ser claro, el espíritu del informe apunta con claridad a que el plan de viabilidad presentado por Salinas es insuficiente. Pese a ello, el consejo de administración lo dio por bueno.