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MADRID (EP). Luis Iglesias Rodríguez Viña, yerno del exministro de Trabajo Eduardo Zaplana y socio de Oleguer Pujol, está siendo investigado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por la comisión de delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública en el marco de la causa en la que investiga irregularidades en el entramado societario encabezado por el hijo menor del expresidente de la Generalitat.

El empresario, fundador de la gestora Drago Capital, ha sido denunciado por la Fiscalía Anticorrupción por sus vínculos con el pequeño de los Pujol, que participaba como socio en la compañía de inversión y gestión inmobiliaria hasta el año 2012, han informado fuentes jurídicas.

Iglesias saltó a las páginas del papel couché en mayo de 2013, cuando contrajo matrimonio con una de las hijas de Zaplana, María Jesús. El enlace fue recogido por las revistas del corazón que también se han hecho eco de su reciente paternidad.

El antiguo socio de Oleguer Pujol ha estado presente este jueves en los registros ordenados por el juez en distintas viviendas y oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia y Melilla. La policía ha accedido, entre ellas, a su casa madrileña de la calle Alfonso XI y a locales relacionados con Drago en la calle Eduardo Dato de Madrid, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Al igual que ha sucedido con el hijo del expresidente de la Generalitat, Iglesias ha permanecido detenido durante varias horas en tanto se efectuaban la entrada en los domicilios. La policía tenía orden de incautar documentación relacionada con el presunto uso de dinero negro en siete operaciones inmobiliarias.

LAS RELACIONES DE DRAGO CAPITAL

La Fiscalía Anticorrupción relaciona a Drago con distintas sociedades ubicadas en paraísos fiscales y vinculadas al hijo menor de Jordi Pujol. Según informa la empresa en su página web, Drago Capital es una compañía de inversión y gestión inmobiliaria que opera en la Península Ibérica y que fue fundada en el año 2000. Desde sus inicios, ha cerrado operaciones por importe de más de 3.000 millones de euros de la mano de grandes inversores institucionales extranjeros y nacionales. Entre los activos adquiridos se encuentran edificios de oficinas, propiedades residenciales, locales comerciales, apartamentos turísticos y hoteles.

Pedraz pretende aclarar, en concreto, el origen del dinero con el que se adquirieron 1.152 oficinas del Banco Santander por parte de la sociedad Samos Servicios y Gestiones, la compra de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa, la de un hotel en Canarias y operaciones realizadas entre la sociedad inversora Longshore y Prisa Division Inmobiliaria.

También se encuentran entre las transacciones investigadas las realizadas entre Nueva Melilla Asociados y Tres Forcas Capital, así como la compra de inmuebles en Palma de Mallorca y la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012.