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VALENCIA (EP). El Gobierno valenciano convertirá el copago de servicios sociales de personas mayores y discapacitados sin dependencia en una tasa mediante una ley dirigida a todos los ciudadanos beneficiarios de residencias y centros públicos financiados por la Generalitat, incluidos los dependientes.

El Consell ha tomado esta decisión tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), conocido la pasada semana, que anula el decreto del Gobierno autonómico que fija los precios públicos del copago de servicios sociales para mayores y discapacitados no dependientes.

Así lo han explicado este miércoles en rueda de prensa la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, y el secretario autonómico de Autonomía Personal y Dependencia, Manuel Escolano. Sánchez Zaplana ha destacado que la nueva ley incluirá las mejoras anunciadas por su departamento antes del verano para mejorar la prestación de dichos servicios y reducir en algunos casos la aportación que se hace por ellos.

La norma entrará en vigor el 1 de enero de 2015 para que "cuanto antes todos los que pueden beneficiarse de las mejoras ya previstas lo puedan hacer". Los responsables auntonómicos han resaltado que de esta forma actacan la sentencia del TSJCV aunque los servicios jurídicos de la Generalitat no descartan presentar un recurso de casación contra ella.
Los responsables autonómicos han resaltado que de esta forma acatan la sentencia, "que no es firme", del TSJCV aunque han precisado que los servicios jurídicos de la Generalitat están estudiando la posibilidad de presentar un recurso de casación contra ella.

Ambos han subrayado que el fallo "no afecta al copago" porque "no pone en duda" este medida ni cuestiona la consideración de "esenciales" de unas prestaciones que se han de dar y que requieren para sostenerse de un "imprescindible" soporte económico. De este modo, han afirmado que la sentencia cuestiona el tipo de aportación por estos servicios para que no se regule como precio público. De este modo, han aseverado que la aportación debe ser "una tasa y estar regulada por ley".

La consellera ha explicado que el Consell aprobó el decreto anulado por el TSJCV para "equiparar" la prestación de los servicios de centros y residencias de la Generalitat, de manera que únicamente pagaran por la misma atención los dependientes y no los mayores y discapacitados sin dependencia.

Asunción Sánchez Zaplana ha precisado que ese decreto afectaba a 3.350 personas, en concreto, 2.400 mayores y 950 discapacitados. Asimismo, ha recordado que la orden autonómica de 2012 que establecía copago para los dependientes, en la que se recogía "toda la normativa estatal, las situaciones de dependencia y su valoración", "nunca fue recurrida por nadie" y que, por tanto, sigue "en vigor".

"A TODOS LOS USUARIOS"

La titular de Bienestar Social ha insistido en que en la nueva ley que recogerá las citadas tasas recogerá "todas y cada una de las mejoras pactadas con el sector" que "benefician a todos los usuarios" con "rango normativo". El secretario autonómico ha agregado que la intención de la Generalitat es "buscar la seguridad jurídica", "no alterar el funcionamiento de los servicios públicos" y "garantizar su continuidad".

Entre estas propuestas ha citado "el incremento del dinero de bolsillo" --de 126 a 219 euros-- para los usuarios de residencias por discapacidad --ha dicho que así "la Comunitat Valenciana, junto con Cantabria es la comunidad autónoma con mayor aportación" en este ámbito-- y la posibilidad de elegir el abono del copago en doce o catorce pagos.

Igualmente, ha apuntado la decisión de que para las personas discapacitadas que acuden a un centro de día o a un centro ocupacional y que residen en una vivienda tutelada ésta no se contemple como un segundo recurso público del que hace uso sino como "un servicio de noche", con lo que resulta "más barato al usuario", así como la mejora del cálculo de renta en algunos casos para que no cuente la renta familiar sino la capacidad individual, por ejemplo de menores.

Sánchez Zaplana, que ha destacado que en la Comunitat Valenciana la atención temprana que requieren los niños de 0 a 6 años es gratuita, se ha referido también como mejora la decisión de reconocer los ciudadanos que requieren en su domicilio menores discapacitados, así como a las subvenciones al transporte para los usuarios de centros ocupacionales de ámbito comarcal.

CONTEMPLADO EN LOS PRESUPUESTOS

La consellera de Bienestar Social, que ha reiterado que todas las aportaciones se hacen "en función de la capacidad económica del usuario" para que "el que menos tiene, pague menos", ha comentado que el Consell prevé en sus presupuestos "todas las mejoras" que se aplicarán con la ley y la reducción de ingresos por la disminución del copago en algunos casos como "gastos" a los que tendrá que hacer frente "con la aportación del resto de la ciudadanía vía impuestos".

Asimismo, Asunción Sánchez Zaplana ha apuntado que la tasa la cobrará directamente la Generalitat y ha precisado que la sentencia y los cambios en el copago afectan sólo a plazas públicas financiadas por la administración autonómica y no a las dependientes de ayuntamientos, diputaciones o mancomunidades, que tienen sus propias ordenanzas reguladoras.