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Aunque se intenta soslayar, en España el sector eléctrico es de facto un monopolio territorial. En ese reparto Iberdrola tiene 'cautivo' el mercado de la Comunidad Valenciana que le aporta, según estimaciones, entre un tercio y un quinto de sus ingresos. Esta situación es el resultado de la confluencia de diversas decisiones entre las que no es la menor el escaso apoyo dado por la Generalitat a la fallida alianza CAM Unión Fenosa.

Nada más normal, por tanto, que ante su Junta General de Accionistas que se celebra hoy en Bilbao, la empresa hiciera pública el miércoles pasado una nota explicando su contribución a la economía valenciana. Lo sorprendente es la frugalidad de su esfuerzo a la hora de demostrar su importancia que, en la nota hecha pública, está basada en cifras no contrastadas. Y algunas, y no es de nuestro agrado señalarlo, difíciles de creer. Como la pretensión de que su contribución a la creación de riqueza en la Comunidad Valenciana haya sido en 2009 de 1.230 millones de euros cuando el PIB regional de todo el sector de agua, gas y electricidad es, en la estimación mas reciente del INE, una cifra inferior.

En términos rigurosos ¿cuál es la contraprestación de esta situación de privilegio de Iberdrola para la Comunidad Valenciana? Hasta que un estudio fiable, externo a la propia empresa, la evalúe, sólo cabe especular. Pero hay elementos para defender que es escasa. Porque las cifras que desgrana la nota hecha pública antesdeayer carecen de relevancia si no se ponen en relación con lo que la empresa obtiene de esos 3,5 millones de clientes 'cautivos' que menciona.

Y porque por más que se haya pretendido considerar una gran iniciativa la localización de la sede de la sección de renovables (inferior en entidad y menos rentable), o la participación accionarial de Bancaja, el hecho es que Iberdrola paga sus impuestos en la Comunidad Autónoma Vasca, lo cual es un aspecto muy relevante en la financiación autonómica.

La de la Comunidad Valenciana o la de la Comunidad Autónoma Vasca como se deduce de la alarma del presidente del PNV, Íñigo Urkullu. Por contra, la empresa no se distingue por su vinculación con nuestro tejido productivo, social o cultural aún contando su Consejo de Administración con dos valencianos.

A todo ello se añade la numantina defensa de Sánchez Galán frente a la razonable pretensión (al menos dado su peso accionarial) de ACS de estar presente en su Consejo. Esta batalla dota a la estrecha vinculación valenciana con Iberdrola de una nueva dimensión que no es seguro que resulte positiva.

El interrogante que se deduce de todo lo señalado es obvio: ¿qué gana la Comunidad Valenciana para llegar incluso a participar en guerras empresariales que no nos atañen?