MADRID (EP). La autopista Alicante-Cartagena no se incluirá en la sociedad pública de autopistas que el Ministerio de Fomento constituirá para rescatar a las vías en riesgo de quiebra, dado que ha logrado pactar con sus bancos un acuerdo de refinanciación, que incluye una quita del 30% a la deuda de 240 millones de euros que soporta la vía.
El porcentaje de quita es así inferior al del 50% que el Departamento que dirige Ana Pastor prevé aplicar sobre el pasivo de unos 3.400 millones de euros que suman el resto de vías en problemas.
La autopista Alicante-Cartagena es la única de todas ellas que no se ha declarado en concurso de acreedores y la menos endeudada. Sus bancos acreedores la consideran además viable, dado que genera recursos suficientes para atender a su deuda. En los nueve primeros meses del año, elevó un 3,25% su tráfico, hasta contabilizar unos 18.789 vehículos diarios.
Según el acuerdo alcanzado con sus bancos, la deuda que le quede a la vía tras la quita se estructurará en un plazo de amortización de 28 años y será capitalizable en un 30%, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.
De esta forma, la autopista de 76,6 kilómetros de longitud que une Alicante y Murcia, participada por Ploder, el grupo Fuertes y las antiguas Cajamar, Unicaja y Caja Murcia, sortea finalmente el rescate público diseñado por el Ministerio de Fomento.
En el marco de este rescate, el Departamento que dirige Pastor debe presentar este jueves, 16 de octubre, una propuesta de convenio para los acreedores de dos de las autopistas radiales de Madrid, la R-3 y la R-5, según dictó el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid a mediados del pasado mes de septiembre.
En el caso de que, según lo previsto, Fomento presente el plan que tiene perfilado con la banca acreedora de todas las autopistas en quiebra, se procederá a acumular los concursos de estas vías en un sólo proceso. Esta acumulación será posible gracias a la reforma de la Ley Concursal aprobada por Gobierno a comienzos de septiembre.
El proyecto de rescate del Ministerio pasa por integrar todas las autopistas en una empresa pública, tras previamente aplicar una quita del 50% a la deuda que acumulan y convertir el importe restante en un bono a treinta años.
A LA ESPERA DEL REAL DECRETO LEY
En paralelo, y según apuntaron dichas fuentes, el sector espera desde hace semanas que el Consejo de Ministros apruebe el Real Decreto Ley que otorgue cobertura legal a nueva sociedad pública que se quedará con los activos y pasivos de las autopistas.
Las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-la Roda, la Cartagena-Vera y la que la capital con el aeropuerto de Barajas son las vías que conformarán la nueva empresa pública de autopistas.
Fomento se ha fijado como principal objetivo que la empresa no requiera aportaciones públicas. Por ello, diseñará un plan de negocio para que generen ingresos con que pagar su deuda.
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