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VALENCIA. La comsión que negocia el diseño del futuro de Feria Valencia retomará antes de final de mes los trabajos que se vieron interrumpidos por el demoledor informe de la Intervención de la Generalitat que desveló multimillonarios sobrecostes en las obras de ampliación dle recinto. El conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, acordaron este martes convocar a la comisión antes de que finalice el mes. 

Moragues y Barberá se reunieron el lunes para tratar distintos temas que afectan a las dos instituciones, fundamentalmente el presupuesto del Consorcio Valencia 2007 y las actuaciones del Plan Confianza que siguen pendientes. En el encuentro, según fuentes oficiales, se aprovechó para tratar el tema de Feria Valencia, auque de forma muy superficial a la espera de convocar a la comsión.

Este grupo de trabajo, en el que también participa la actual dirección de la institución, se volverán a plantear las acciones necesarias para dividir la feria en dos entidades distintas: una pública que tenga los edificios y la deuda y otra privada que asuma el negocio. Esta segúnda entidad, tal y como adelantó este miércoles ValenciaPlaza.com, saldrá a concurso para que una empresa privada asuma la gestión. 

La clave de las negociaciones entre Generalitat y Ayuntamiento es el actual contrato de concesión, vigente hasta el año 2051. En esa fecha todas las infraestructuras que estén sobre el suelo municipal en el que se levanta Feria Valencia pasarán a ser propiedad municipal, según el contrato.

Esto supone un problema para que la Generalitat pueda tratar de recuperar parte de los 1.027 millones de euros que tendrá que pagar por las obras de ampliación de Feria Valencia. Pese a que se considera una entidad privada, el Consell avaló los créditos que sirvieron para la amplaición.

En el plan de negocio de Feria Valencia se contempla que la empresa pública que se quede con los edificios sea de la Generalitat. El Consell querría poder vender los edificios pero ningún inversor los compraría si no se rescinde la condición que obliga a entregar los pabellones al Ayuntamiento de Valencia al final de la concesión. Para ello, el consistorio debería renunciar a sus derechos, algo a lo que Barberá se ha mostrado reticente.