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BARCELONA (EFE). La Generalitat trasladará a la Comisión Europea el decreto ley que repercute en la tarifa del gas la indemnización del proyecto Castor para que se pronuncie sobre si la solución adoptada se ajusta a derecho comunitario, a la vez que ha encargado un estudio sobre las vías que hay para impugnarlo.

El Gobierno aceptó el viernes en un real decreto-ley la renuncia a la concesión del almacén de gas Castor de Escal UGS, participada por ACS en un 66,67 %, y fijó una indemnización para la compañía de 1.350,7 millones, cantidad que se cargará al recibo del gas durante 30 años.

El gobierno catalán ha acordado hoy encargar a los servicios jurídicos de la Generalitat el estudio de las vías de impugnación del decreto ley por el que el Ejecutivo central acordó repercutir en la tarifa del gas la indemnización a la empresa promotora del proyecto Castor.

El conseller de Empresa, Felip Puig, ya adelantó el sábado que el gobierno catalán estudiaría impugnar el acuerdo para indemnizar a Escal UGS.

Según ha informado hoy la Generalitat, el gobierno catalán impulsará todas las medidas jurídicas en defensa de los intereses de los consumidores y de los diferentes sectores económicos de Cataluña contra el decreto ley y es contrario a que los costos relacionados con la extinción de la concesión sean imputables a los usuarios o a los presupuestos públicos, dado que no entrará en servicio por carencias atribuibles exclusivamente al proyecto y su ejecución.

La Generalitat pedirá al Gobierno que haga públicos todos los estudios e informes que haya encargado o recopilado sobre el fracaso del proyecto, los episodios sísmicos que tuvieron lugar en las Tierras del Ebro desde el inicio de los trabajos y los que determinan los costos económicos totales de la operación.

La Generalitat también trasladará los hechos a las instancias pertinentes de la Comisión Europea para que se pronuncie sobre si la solución adoptada se ajusta al derecho comunitario.

Además, ha acordado evaluar el impacto que las previsiones adoptadas por este decreto ley tendrá sobre las familias y las empresas y estudiar la viabilidad de que reclamen daños y perjuicios.