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VALENCIA (EP). Uno de los promotores imputados en la causa abierta en el juzgado por presunta corrupción urbanística en relación con la construcción y venta de chalés en suelo no urbanizable de la localidad valenciana de Montroy ha pedido el sobreseimiento de la causa ante la nueva ley urbanística de la Generalitat, al entender que los hechos imputados "se han legitimado".

Así consta en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, remitido al juzgado de Instrucción número 1 de Picassent (Valencia), que investiga la construcción de chalés en suelo no urbanizable en las zonas de Els Mallars, Canyà la Murta y Les Valletes de Montroy, y estima que hay más de 200 víctimas. En el procedimiento figuran una veintena de imputados, entre ellos el alcalde del municipio y su antecesor.

En la causa figuran como imputados, además de promotores y estos políticos, arquitectos, registradores de la propiedad, un abogado y varios constructores, entre otros. Se investigan presuntos delitos de estafa, prevaricación, falsedad en documento mercantil o delitos contra la ordenación del territorio.

El promotor justifica su petición de archivo en la Ley 5/2014 de la Generalitat Valenciana --de Ordenación del territorio y Urbanismo-- que, según expone, "da solución legal a la existencia de núcleos de chalés diseminados construídos en suelo no urbanizable común, toda vez que las construcciones, aunque ilegales, están consolidadas jurídicamente, al haber transcurrido el plazo para que la Administración pueda emprender acciones sancionadoras de restauración de la legalidad urbanística o que la Fiscalía pueda interponer acciones legales por la presunta comisión de sendos delitos, continuados o no, contra la ordenación del territorio".

"A mayor abundamiento", indica el promotor, las construcciones investigadas en este caso se han llevado a cabo sobre terreno declarado urbanizable por la Administración desde el año 2007, "a falta solo de la aprobación del correspondiente Plan de Actuación Integrada, y que en estos momentos se está llevando a cabo por estudio y proyecto original del propio Ayuntamiento de Montroy".

En consecuencia, entiende que los hechos imputados no revisten, "en absoluto", el carácter delictivo que se les atribuye por el juzgado y por el ministerio fiscal, con lo que solicita el sobreseimiento de la causa por "legalización sobrevenida".

A su juicio, los presuntos perjudicados en este procedimiento "ya no lo son" desde el momento que sus construcciones están o pueden estar legalizadas, y su perjuicio, "de existir", debe achacarse "a la crisis económica en que todos los europeos estamos inmersos y, en su caso, debe reclamarse por vía civil y no por la criminal".

Con todo, esta parte entiende que no existe delito respecto a los imputados puesto que están en esta causa por hechos "que la nueva ley ha legitimado al derivarse todos ellos del delito principal contra la ordenación del territorio y de irregularidades supuestamente delictivas con él relacionadas", sostiene.

Por ello, solicita el sobreseimiento de la causa contra él por "inexistencia sobrevenida del delito". Frente a esta solicitud, las acusaciones han mostrado su oposición ya que estiman que no hay ningún artículo de la nueva ley que le ampare. Falta el escrito del ministerio fiscal.